Por: Juan Carlos Gómez

Justicia, el factor humano

Una vez más se vuelve tema de interés nacional el caos de la justicia en Colombia. Otra vez se citan cifras y se sugieren medidas de urgencia para enfrentar esa plaga.

Antes de que se vuelva a apagar el interés por lograr que alguna vez el Estado colombiano realmente garantice de manera universal el acceso a la justicia, es preciso recordar las últimas tareas pendientes.

Hace más de un año la Ley 1395 expidió varias normas para descongestionar el sistema judicial; por ejemplo, se dispuso que en la jurisdicción civil no puede transcurrir más de un año para dictar sentencia de primera instancia ni más de seis meses para sentencia de segunda instancia. Es obvio que esos términos no podrán cumplirse y que el legislador se equivocó en establecerlos, pues son utópicos en las actuales circunstancias, pero ¿alguna dependencia del Estado está al tanto del cumplimiento de esos términos? ¿El actual gobierno ha dispuesto los medios a su alcance para que algún día ello se logre?

La misma Ley ordenó la implementación de la notificación por medios electrónicos. Eso no está funcionando. ¿Cuál es la razón? ¿Se destinaron los recursos necesarios para ese fin? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de esa omisión?

El peor escenario sería seguir expidiendo normas de descongestión sin conocer dónde y por qué se empantanan tantos esfuerzos económicos y administrativos para mejorar en algo el desempeño de nuestro sistema judicial.

A pesar de que se multiplique el presupuesto y se racionalicen los procedimientos, en todos los niveles de la administración de justicia y en las diversas jurisdicciones, se encuentran casos lamentables de ineptitud judicial, incluso en la pomposa justicia arbitral. Autos y sentencias que quedan en firme —por solidaridad o ligereza de la segunda instancia— pero que son una ofensa al sentido común.

Por lo demás, hay que reconocer el daño inmenso que le puede estar haciendo el factor humano a la Rama Judicial. Las facultades de derecho están en la obligación de elevar mucho más el nivel de sus egresados y hacer más exigentes los requisitos para recibir el título de abogado. Tenemos que depurar esta profesión, por respeto al sagrado valor de la justicia.

 

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