Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Justicia en negativo

El Estado colombiano carga con una vergüenza mayor. La guerra contras las Farc lo llevó al triunfo ostentoso de la sangre, al simple alarde de la muerte. Era indiferente si contaban cuerpos de enemigos ciertos o inventados. Se trató de una muestra de incomparable cobardía: convertir en combatientes a simples transeúntes recién ajusticiados, un teatro macabro que disfrazaba cadáveres y celebraba la escenografía. La pantomima duró cerca de seis años y dejó 3.700 víctimas según cifras de la Fiscalía y al menos 5.000 según cuentas de Naciones Unidas. Participaron 180 batallones de 41 brigadas. Más de 800 soldados han sido condenados y algo menos de 6.000 están sometidos a investigación, entre ellos 16 generales. Durante la matazón, el gobierno de turno desestimó las advertencias de organismos internacionales, funcionarios del Ministerio de Defensa y periodistas. Las “bajas” eran certeza suficiente, lo demás eran mentiras, cuentos de recolectores de café.

La justicia transicional ha puesto a los militares condenados, juzgados e investigados por esas muertes frente a nuevas reglas. En contra del jefe del gobierno durante el cual se montó la estrategia de asesinatos camuflados de combates los militares han comenzado a someterse al nuevo tribunal. Son 1.994 los que han firmado las actas para llegar a la Justicia Especial para la Paz. Muchos de los asesinos que el propio Estado instó y luego condenó tras más de diez años ahora están libres a la espera de un juicio donde se habla de reparación, perdón, verdad. Un poco menos de 1.000 han logrado libertad condicional, transitoria y anticipada. Quienes ya habían sido condenados tuvieron que pagar al menos cinco años de condena para lograr su libertad. Quienes estaban detenidos durante el juicio solo necesitaron firmar un acta de compromiso. Entre los firmantes hay dos militares que fueron comandantes del Ejército. Atienden el juicio de corbata y con ánimo sosegado, más parecen empresarios en desgracia que jefes de ejecuciones sistemáticas y continuadas. Uno de ellos, Mario Montoya, era un adicto a la sangre, exigía muertos como quien pide utilidades en el balance. Fue comandante del Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, durante esos tres años la Fiscalía ha documentado 2.526 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Montoya recibió algunas medallas a cambio.

Una ley aprobada este año exige la creación de tribunales propios para militares inscritos en la Justicia Especial. El plazo para crear esa nueva jurisdicción es de año y medio. De modo que los militares pueden pedir una prórroga mientras se instauran los tribunales castrenses para juzgarlos. Digamos que lograrán algo así como unas vacaciones. El partido del jefe del gobierno que cerró los ojos frente a las ejecuciones fue el que exigió esa justicia paralela. Muchos militares han llegado a la justicia de la verdad y la reparación a negar los hechos y su responsabilidad. Se trata únicamente de ir a una justicia con penas menores y jueces cercanos para exhibir una cara de yo no fui y lograr beneficios. Y evadir los dientes de una corte internacional. La gran paradoja es que la justicia debe priorizar los procesos para su examen. Muy seguramente escogerán los casos emblemáticos de generales que al parecer se escudarán en el silencio y el desconocimiento de las actuaciones de sus subordinados. De modo que se puede llegar a la imposibilidad de condenar a los máximos responsables y de juzgar quienes dispararon contra los civiles. Se espera que la nueva justicia resulte exigente respecto a la verdad y a la reparación más que a las penas. El caso contrario asegura una nueva vergüenza para el Estado.

 

 

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