Por: Marcos Peckel

Justicia Paquidérmica

A 30 años de prisión fue condenado el general Augustin Bizimungu, comandante del ejército de Ruanda, durante el genocidio de 1994 cuando, en el lapso de 100 días, 800 mil miembros de la etnia tutsi fueron masacrados, muchos a machete, por órdenes del gobierno hutu, en lo que se ha constituido en el más atroz crimen desde la Segunda Guerra Mundial.

El tribunal especial para Ruanda, al igual que sus pares para la antigua Yugoslavia y Camboya, creados por resoluciones del Consejo de Seguridad, han proferido sentencias ejemplarizantes contra algunos responsables de matanzas, masacres y genocidios ocurridos en esos países, en una instancia donde la justicia internacional ha operado medianamente bien, a pesar de que varios de los criminales aún están sueltos.

Lo que sí parece no arrancar es la Corte Penal Internacional (CPI), establecida con fanfarria, en 2002 como organismo permanente de justicia internacional, una vez el estatuto de Roma fue ratificado por 60 países. Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son los delitos bajo jurisdicción de la CPI, la cual puede iniciar una investigación si ésta es referida por el Consejo de Seguridad o por una país miembro. Además el fiscal de la CPI, el mediático argentino Luis Moreno Ocampo, puede motu proprio iniciar una investigación, siempre y cuando tenga la aprobación de un panel de jueces. Contrario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga a los estados, la CPI juzga únicamente individuos.

A la fecha no hay un solo condenado por la CPI, a pesar de que desde 2002 se han cometido incontables crímenes que claramente caen dentro de su competencia. Sólo hay seis casos en proceso, todos africanos, siendo el más visible el del presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado por el genocidio de Darfur, quien continúa en su cargo y viajando tranquilo por varios países que se rehúsan a entregarlo a la Corte.

Hace unos días el Consejo de Seguridad remitió a la CPI el caso del líder libio Muamar Gadafi y su hijo. Brillan por su ausencia el presidente y generales de Sri Lanka, responsables del asesinato de miles de civiles en la etapa final de la guerra en ese país, y habrá que ver si el presidente sirio, Bashar al Assad, o el yemení, Alí Abdullah Saleh, que han matado a centenares de manifestantes, sean conducidos algún día al banquillo de los acusados en la CPI.

Siendo el Consejo de Seguridad el principal remitente, muchos casos no llegarán nunca a la CPI, por consideraciones políticas. La CPI podría estar convirtiéndose en otra inoperante institución del sistema internacional donde naufragan las expectativas de justicia de millones de víctimas.

 

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