Justicia para Sergio Urrego

Sergio Urrego fue discriminado por su colegio —el Gimnasio Castillo Campestre— por darse un beso con un compañero de clase, quien era su novio.

Les abrieron un proceso disciplinario irregular que violó sus derechos fundamentales y se constituyó en “una forma de acoso escolar” que puede “haber incidido en la decisión de acabar con su vida”, el 4 de agosto de 2014.

Un año después de la trágica partida de Sergio, la Corte Constitucional hace justicia a él y su familia. En la Sentencia T-478 de 2005, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, se protegieron los derechos de Sergio Urrego frente a la discriminación que sufrió antes de su suicidio, en especial, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la igualdad y no discriminación, reparación y garantía de no repetición. La Corte también protegió los derechos de Sergio y su familia porque la rectora del colegio realizó declaraciones denigrantes sobre su forma de vida y su estabilidad familiar. El colegio discriminó a Sergio en vida y siguió haciéndolo incluso después de su suicidio.

Esta decisión también hace justicia a Alba Reyes, la madre de Sergio, quien ha luchado incansablemente para que se reconozca la discriminación que sufrió su hijo y que se repare su nombre por las infamias hechas por el colegio. Esta sentencia es también un reconocimiento a los jóvenes de la Unión Libertaria Estudiantil —ULE— quienes, junto con Alba, denunciaron el hecho y buscaron a Colombia Diversa para pedir justicia para su amigo a quien definían como “estudioso, amistoso, bromista y muy maduro pensador; un juicioso libertario, excelente amigo, muy solidario y entregado anarquista”. Estas personas fueron injustamente señalados como “un grupo terrorista” por parte de algunos medios de comunicación y el colegio, algo sin duda ignorante y cargado de prejuicios contra las ideas políticas anarquistas. La ULE realizó las primeras averiguaciones con los compañeros del colegio de Sergio y, a su vez, han mantenido la movilización social para honrar su memoria. “Actuaremos socialmente y denunciaremos al colegio”, prometieron a su compañero.

En el manual de convivencia, Sergio anotó al margen de una de sus páginas: “ley 1620 de 2013 y Decreto 1965 de 2013”. Estas dos normas son las que contienen el Sistema Nacional de Convivencia Escolar que, según la Corte, no han podido evitar “la realidad masiva, reiterada y estructural de la violación de los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes”. El acoso escolar es un fenómeno masivo e invisible que, según reseña la Corte citando a un estudio, afecta al 29 % de los jóvenes de quinto grado y al 15 % de los que están en noveno grado. En relación con el acoso escolar por orientación sexual e identidad de género, la Secretaría de Educación del Distrito lo calcula en el 19 %, según cita también la Corte. Como un epitafio sobre la ineficacia del derecho, Sergio nos recordó con su puño y letra que bastaba con cumplir las leyes vigentes.

Por eso, la Corte también hizo justicia a la población estudiantil del país al ordenar al Ministerio de Educación que cumpla las promesas de la Ley de Convivencia Escolar. Más allá de unas charlas de sensibilización, se requieren, según palabras de la Corte, “mecanismos de detección temprana, acción oportuna, acompañamiento y seguimiento a casos de acoso escolar”. Además, la Corte ordenó que se revisen los más de 10.000 manuales de convivencia de todo el país para que sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género. Revisar estos manuales de convivencia es una medida necesaria, pero debemos hacer más. El Ministerio de Educación debe desarrollar una verdadera política de educación para la diversidad que erradique la discriminación cotidiana en los colegios.

Sergio quería abrir un diálogo para cambiar la educación que recibía y de la que también fue víctima. Cuando se pronunció contra la discriminación que recibió, quería que el educador y el educando aprendieran mutuamente porque, como diría Paulo Freire, “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí, mediados por el mundo”. Por ello, una educación libertaria requiere no sólo del diálogo, sino también de la eliminación del autoritarismo. Ese que engendra la dominación educativa donde el profesor sabe, piensa, habla, disciplina, decide, grita; y el estudiante es educado, es pensado, es castigado y, en última instancia, se le priva de su autonomía. Esta fue la clase de educación que el procurador Alejandro Ordóñez defendió la semana pasada en un concepto enviado a la Corte, en el cual apoyó al colegio de Sergio, pidió que se restringieran las manifestaciones de afecto de los estudiantes y sugirió que los colegios religiosos pueden discriminar a estudiantes homosexuales. La actitud del Procurador tocó fondo al no tener ninguna sensibilidad ante la discriminación y posterior suicidio de un estudiante. Se ha convertido en un “déspota por hastío”, como diría Vargas Vila.

Una sentencia no nos devolverá a Sergio ni reparará el dolor por su partida. Pero esta decisión de la Corte Constitucional puede ser la oportunidad para abrir un debate sobre la educación libertaria con la que tanto soñó Sergio y que tanto necesitamos para la reconciliación.

El autor es investigador de Dejusticia.

Más información sobre el caso en el centro de recursos de Sergio Urrego en la página de Colombia Diversa.