Justicia penal militar

LA PREOCUPACIÓN DE LOS EX COmandantes del Ejército frente a la ausencia del fuero militar y la debilidad de la justicia penal militar despertó diferentes reacciones.

Por una parte, sorprendió la falta de interés de algunas autoridades frente a los planteamientos, y, al contrario, se notó una actitud defensiva. Otros sectores interpretaron erróneamente esa manifestación como si fuera una solicitud de impunidad a acciones ilegales de algunos miembros de las fuerzas armadas. Una lástima, porque el planteamiento fue hecho por soldados que sirvieron con dignidad al país. No aspiran a cargos políticos o embajadas. Sus antiguos subalternos los buscan para que sean un canal que haga notar al país lo que sucede dentro de una institución que es no-deliberante. Merecen ser escuchados con atención.

La justicia militar es una institución que existe en las democracias más desarrolladas desde hace siglos. En Inglaterra existe desde el siglo XVII, en Estados Unidos, desde la guerra de independencia, y durante la guerra civil, a través del Código Lieber. En países como Canadá, España e India, la justicia militar también opera como un sistema independiente. En los últimos años, la complejidad de la guerra moderna, en donde las organizaciones terroristas operan en medio de la población civil, ha llevado a desarrollar el derecho operacional. La justicia militar especializada a nivel internacional se caracteriza por ser más severa y más rápida que la justicia civil, entre sus objetivos están garantizar la disciplina, la legalidad de las órdenes y velar por la conducta de los depositarios de las armas de la nación.

Es necesario analizar este problema de política pública, en un país en el que las Fuerzas Armadas requieren ser empleadas contra bandas armadas dispuestas a cualquier tipo de acción terrorista contra la población, los bienes públicos y privados, la soberanía de países vecinos y la integridad de los miembros de la Fuerza Pública. Existen factores que hacen urgente fortalecer la justicia militar: 1. Denuncias frente a operaciones militares son investigadas por fiscales y decididas por jueces que desconocen la doctrina operacional; 2. La inoperancia histórica de la justicia ordinaria que, en lugar de juzgar con celeridad casos como los de Soacha, genera incertidumbre y afecta la disciplina; y 3. La posible infiltración en la rama judicial de algunos funcionarios con posiciones radicales, que utilizan la justicia para atacar a las Fuerzas Armadas con fines políticos.

El caso del coronel Alfonso Plazas Vega, convertido en mártir, no puede generar solamente la tristeza que nos embarga. No se puede olvidar que el sacrificio de los soldados, policías y sus familias ha devuelto la esperanza a Colombia. La existencia de un marco jurídico especializado es tan o más importante que los equipos para la estructura de fuerza de las instituciones castrenses. A nadie se le ocurre sugerir impunidad frente a violaciones a los derechos humanos, todo lo contrario, por el bien de la disciplina y el profesionalismo de las fuerzas armadas, son ellos mismos quienes demandan un sistema de justicia militar eficaz, que garantice el debido proceso. Se requieren soluciones estructurales que no busquen satisfacer a terceros, sino crear un ambiente de justicia. Antes que la retórica y que los llamen héroes, las fuerzas armadas necesitan seguridad jurídica y conocimiento profundo de las instituciones armadas por parte de las autoridades.