Por: Andreas Forer

Justicia Transicional e indígenas

El pasado lunes se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, razón por la cual distintas organizaciones internacionales se manifestaron en torno a la preocupante situación de desatención que viven estas comunidades en América Latina y en particular en Colombia.

Esto, ya había sido evidenciado por  la corte constitucional en su auto 004 de 2009 en el que reconoció la especial situación de vulnerabilidad, con grave riesgo de ser exterminados cultural o físicamente, de 34 pueblos indígenas en todo el territorio nacional y a causa del desplazamiento forzado; para lo cual ordenó establecer planes de salvaguarda que a la fecha  no han sido ejecutados.

Muy en línea con el anterior contexto, la semana pasada en Lima se llevo a cabo el VII Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica,  que reunió a expertos de distintos países, para entre otros temas, discutir acerca de la situación de las comunidades indígenas en la región. En los distintos espacios de análisis la atención diferencial a pueblos indígenas en procesos de Justicia Transicional fue ampliamente debatida y en particular en una de las mesas de discusión en la que expertos involucrados en este tipo de procesos en Perú, Colombia y Guatemala, analizaron el caso indígena en cada país.

El evento fue interesante  en términos de que quienes entablaron la discusión fueron los directos responsables de los programas de justicia transicional en los tres países, quienes a partir de  los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias relacionadas con los pueblos indígenas; hicieron un análisis sobre los aciertos y desaciertos de las políticas y medidas adoptadas, para la protección de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho.

Las experiencias de estos países muestran la necesidad de llevar a cabo procesos de consulta y concertación con las comunidades, en aras de que las medidas y programas a adoptar sean integrales y que en condiciones de igualdad permitan el acceso de los indígenas a los procesos de justicia transicional pero reconociendo sus diferencias.

Igualmente, se resaltó la importancia de que las garantías de no repetición deben estar fundadas más allá de la finalización del conflicto; así como ligadas a cambios estructurales en las instituciones, que manifiesten en sus políticas y acciones el reconocimiento de estados multiculturales y pluriétnicos.

En comparación con los otros casos, Colombia parece tener avances significativos en el tema, aun cuando la situación en general de los pueblos indígenas sigue siendo preocupante. Algunos de esos avances se evidencian en el acercamiento que algunas instituciones como La Fiscalía General de la Nación ha hecho con comunidades indígenas para su participación en el proceso de Justicia y Paz, en su condición de víctimas del conflicto interno colombiano. Un punto a resaltar de estas acciones es el reconocimiento que las instituciones han hecho de las autoridades indígenas como vehículo para la concertación de los procedimientos a llevar a cabo en este proceso de Justicia Transicional.

Adicionalmente, en Colombia se ha hecho un esfuerzo por garantizar condiciones de igualdad para la participación de víctimas indígenas, por lo que algunos de los encuentros entre instituciones y autoridades han sido llevados a cabo con la participación de traductores indígenas, asegurando el total entendimiento de los derechos y procedimientos propios del proceso de Justicia y Paz.

Estas acciones son coherentes con los cambios realizados en el protocolo de la posesión del actual Presidente, cuya primera actividad fue visitar a los mamos de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para recibir de ellos el bastón de mando como un símbolo de reconocimiento y apoyo a su gobierno.

Más allá del buen golpe de opinión que este acto representa para el Presidente Santos, es muy importante que se constituya en uno de los derroteros de su gobierno; es decir que las acciones emprendidas por las instituciones de Justicia y Paz sean continuadas y se representen en políticas y acciones concretas que mediadas por consulta previa se traduzcan en la atención de estas comunidades. Pues como bien lo manifestaron los expertos en la materia, el tratamiento diferencial a los pueblos indígenas, depende en gran medida de la voluntad política de los gobiernos y debe ser sostenido en el tiempo.

 

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