Por: César Rodríguez Garavito

¿Justicia transicional para todos?

Las ideas del expresidente Gaviria sobre la paz son sumamente útiles si se leen como lo sugiere su autor: como reflexiones para un debate donde tendrían que ser precisadas y ajustadas. Pero interpretadas como lo han hecho algunos —como propuestas acabadas— resultan tan problemáticas como incompletas.

El mérito notable de Gaviria fue decir algo difícil pero necesario: que una paz políticamente viable y jurídicamente estable tendría que incluir no sólo a las Farc, sino a todos los actores, de manera que el posconflicto no se diluya en futuros litigios contra algunos victimarios (como en Argentina), en nuevas guerras atizadas por combatientes excluidos del proceso (como en Guatemala), o en reclamos de cómplices condenados con más severidad que los perpetradores.

Pero la tesis general viene acompañada de detalles cuestionables. En el complejo balance entre paz y justicia, tiene bastante más de la primera que de la segunda. Tiende a hablar de la paz como un “perdón mutuo” entre los victimarios, olvidando que el derecho a perdonar es de las víctimas, dentro de un proceso que incluya algún grado de justicia y contribuciones tangibles a la verdad, la reparación y la no repetición por parte de guerrilleros, agentes del Estado, políticos, empresarios y demás actores que perpetraron o coadyuvaron violaciones graves de derechos humanos. Sin esas condiciones no habría justicia transicional para todos, sino impunidad para todos, como escribió Rodrigo Uprimny en estas páginas.

Igual de problemático es que contemple que los miembros de las Fuerzas Militares respondan sólo por acciones, no por omisiones, aun cuando éstas hubieran facilitado que otros actores (como los paramilitares) cometieran violaciones masivas de derechos humanos. Y la idea de un indulto para todos los actores del conflicto desborda incluso las interpretaciones más generosas de los límites a las amnistías que imponen el Estatuto de Roma y la Corte Interamericana.

Para lograr la paz viable y duradera que anima la iniciativa de Gaviria, habría que protegerla de riesgos que subestima. Primero, del escrutinio de la Corte Penal Internacional, que no tendría alternativa a intervenir en el caso colombiano porque surgió, en buena parte, para evitar este tipo de autoamnistías (del Estado a sus agentes, como en Chile). Segundo, de los reclamos futuros y plenamente justificados de las víctimas, que procurarían algún grado de justicia ante tribunales nacionales e internacionales, como lo hacen 35 años después las de la dictadura argentina.

Para que la reflexión se convierta en propuesta, tendría que apuntar a un punto medio entre indulto para todos y castigo para todos —por ejemplo, limitando la aplicación del derecho penal a los máximos responsables y los delitos más graves de los distintos actores, imponiendo las respectivas penas (incluyendo la privación de la libertad, pero no necesariamente cárcel) y posiblemente amnistiando lo demás, a cambio de aportes serios a la verdad, la reparación y la no repetición.

 

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