Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Justicia uribizada

PREOCUPANTE E INUSITADO QUE 18 altos ex funcionarios del gobierno de Uribe hayan tenido la audacia de suscribir una carta pública para protestar por la supuesta persecución judicial que por motivos políticos estarían sufriendo sus camaradas de la seguridad democrática.

Lamento que a esa misiva tan desconcertante se hayan sumado Carolina Barco, Carlos Gustavo Cano, Jorge Humberto Botero y Cecilia Rodríguez, porque son personas de bien y sensatas, alejadas del uribismo visceral que tanto mal le sigue causando a este país.

Según estos viudos de poder, ellos no piden prerrogativas para sus compañeros de la seguridad democrática hoy enredados judicialmente, pero sí sorprende que tan conspicuos corresponsales no se hayan tomado el trabajo de identificar a cuáles de sus compadres de antaño estaban refiriéndose. La precisión era necesaria y obligatoria porque, como se sabe, son muchos los alfiles del uribismo que han sido condenados penal y disciplinariamente por sus faltas como servidores públicos. Esa inexplicable omisión de no referir con nombre propio cuáles son los uribistas pura sangre que merecieron la solidaridad pública de 18 ex ministros que reclamaron una “justicia imparcial al devenir político” en nombre de lo que ellos llaman el honor de haber pertenecido a un Gobierno que supuestamente “produjo un impacto positivo en la inversión nacional y extranjera” y en el que “las exportaciones se cuadruplicaron y el ingreso per cápita tanto como los programas sociales tuvieron una expansión notable”, deja muchas dudas. En efecto, tal parecería que la malhadada carta de los uribistas estaría respirando por la herida por causa de los condenados penalmente como Jorge Noguera, José Miguel Narváez, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Mauricio Santoyo, el General Flavio Buitrago, Carlos Albornoz, y una decena de funcionarios del extinto DAS, y también a quienes fueron destituidos por la Procuraduría como el “héroe de Invercolsa”, Fernando Londoño Hoyos, o el ex director del INVIAS, Daniel Andrés García Arizabaleta, y otros más.

Es una lástima que estos 18 uribistas no le hubiesen precisado a la Nación si, por ejemplo, las conductas por las cuales fueron condenados Jorge Noguera y José Miguel Narváez les parecieron detalles de menor cuantía, o simples chismes de cafetería. Seguramente no han olvidado al profesor Alfredo Correa de Andreis, sacrificado vilmente en las calles de Barranquilla, después de haber sido hostigado. O si les pareció presentable que Carlos Albornoz, exdirector de Estupefacientes, terminara involucrado en delitos contra el erario, o que el muy poderoso General Flavio Buitrago haya resultado vinculado con un narcotraficante también preso.

Tampoco identificaron estos corresponsales desafortunados la autoridad que supuestamente está persiguiendo a tanto noble del uribismo. ¿Será acaso que los últimos cuatro fiscales generales de la nación, todos de diferentes tendencias políticas y pareceres, se concertaron para abrirles expedientes a los otrora poderosos señores del anterior régimen, o que toda la sala penal de la Corte Suprema de Justicia decidió, por sí y ante sí, pasarles cuentas de cobro, sin ningún fundamento, a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado?

Ahora bien, si lo que inquietó a estos 18 altos oficiales de la plana mayor del uribismo es que puedan resultar comprometidos penalmente otros de sus coequiperos como Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, o el curita César Mauricio Velásquez, y algunos más, que al parecer están siendo investigados por diferentes conductas, es mejor que no olviden que las acusaciones en contra de estos, que por supuesto no se dan por ciertas pues deberán verificarse, provienen de personas allegadas al mismo entorno uribista y no de los directorios políticos o de los agentes del Estado.

Adenda No 1. Lo único que aquí funciona bien es el servicio Uber. Que los dejen trabajar tranquilos.

Adenda No 2. Mediocres y deplorables las intervenciones de los agentes de la Procuraduría en el proceso ante la Corte Constitucional para definir la autorización al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Dios los cría…
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