Justicia y paz

La ley más controversial, en los ocho años del régimen presidencial en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, fue la renombrada de Justicia y Paz.

Nunca se pusieron de acuerdo los columnistas, los analistas políticos y los juristas sobre sus alcances. Al parecer hubo dos tendencias acordes con la izquierda y la derecha: los primeros niegan sus beneficios rotundamente, en contraposición a los segundos, que llegan a calificarla como el instrumento más importante que se ha generado para la paz sin impunidad de quienes deponen las armas y los espíritus. Y al respecto citan casos como los del M-19, el Epl, el Quintín Lame, etc.

Quizás, después de ocho años de debates y de una parcial aplicación de dicha ley, juristas, sociólogos y políticos cuenten con la suficiente ilustración para hacerle las reformas que se consideren indispensables para que se cumplan a cabalidad los propósitos de coadyuvar a que desaparezca hasta el último vestigio del paramilitarismo. Y, por fin, sus archiconocidos “jefes” y sus secuaces sean castigados y despojados de todas las propiedades urbanas y rurales mal habidas, hoy en cabeza de testaferros. Acelerar el proceso de identificar e indemnizar a sus numerosas víctimas con sus bienes, puede ser un paso importante para hacer justicia, reversar la tenencia de la tierra e impulsar, por ende, la reforma agraria. El lento ritmo con que se mueve la Ley de Justicia y Paz la convierte actualmente en un pesado fardo para la justicia, para una paz realista y prolonga indefinidamente el sufrimiento de sus numerosas víctimas.

 Jorge Arbeláez Manrique. Bogotá.

Sobre demandas

Aunque renunció a sus demandas, el daño que le hizo a la Nación la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, fue grande. Ahora los ex congresistas Orlando Beltrán, Sigifredo López, Gloria Polanco, Eduardo Géchem, Consuelo González y Alan Jara no cejan en su voracidad y cínicas demandas para esquilmar al Estado. Otros políticos oportunistas y “avivatos” harán lo mismo, asesorados por abogados corruptos que como aves de carroña caerán sobre el erario. Sigan el ejemplo de abnegados y humildes policías y soldados que jamás pensaron en asaltar las arcas públicas. Ojalá la Corte no apruebe este engendro —sentando jurisprudencia—, porque atentaría contra los impuestos de los colombianos y la estabilidad del Estado.

 Jorge E. Padilla. Bogotá.

Envíe sus cartas a [email protected].

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Lectores opinan

La cofradía del santo reproche

No entiendo por qué no entienden

Al oído de los conjueces

De igualdades y discriminaciones

De Julio Londoño sobre una columna