Por: Alfredo Molano Bravo

La administración del orden

El frente de guerra de las llamadas bacrim —que no son más que el nuevo nombre con que Uribe bautizó el paramilitarismo en favor de su política de barrer para esconder debajo de la alfombra— crece y se consolida.

La opinión pública nacional se desayunó cuando ‘Los Urabeños’ decretaron un paro armado exitoso en Córdoba, Sucre, Cesar, Chocó, Urabá, Magdalena y el sur de Bolívar. Se habla de 10.000 hombres en armas en el norte del país. El número de municipios afectados ha crecido de manera significativa: en 2008 había 260 municipios comprometidos; hoy pueden ser 400. Las regiones afectadas están al norte de la línea roja que divide el país y que puede ser trazada entre Cúcuta y Buenaventura, donde el paramilitarismo no ha dejado de reinar. El problema más grave es que, según cálculos del mismo Gobierno, sólo el 10% de los miembros rasos son exparamilitares, pero el 90% de los jefes capturados eran de las Auc. El control territorial que tienen se puede leer en el hecho de que entre 2007 y 2010 las bacrim desplazaron a 133.000 personas, según Acción Social. Es imposible que un crecimiento tan rápido —lo que supone raíces profundas— haya sido logrado a espaldas de miembros de la fuerza pública. El hecho mismo de que sólo sean combatidas por la Policía Nacional es una estrategia sospechosa.

La situación en el frente de guerra contra las guerrillas —al sur de la línea roja— no es menos grave. Los departamentos más afectados por las incursiones guerrilleras en lo que va de 2012 son Meta, Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Caquetá y Nariño. En las últimas tres semanas se han realizado 132 incursiones guerrilleras. La publicidad oficial había hecho creer que las Farc y el Eln estaban prácticamente derrotadas y sólo tenían presencia en la periferia del país. Hoy, el Gobierno debe reconocer que el tigre no es como lo pintó Uribe, que la situación es grave y tiende a ser peor. Así diga en público que se trata de un estertor.

¿Qué puede haber detrás de los avances de estas guerras? Sin duda, un gran pedazo de país descontento y marginado que no aparece en las estadísticas que el Gobierno le fabrica a la banca mundial. Es un cuento que no por manoseado ha dejado de ser real. Pero tengo la sospecha de que Alfredo Rangel tiene razón: los militares han acordado una especie de paro armado, de recesión estratégica, de huelga de armas caídas con dos propósitos claros: uno, el aumento de sueldos, o, como lo llaman, la actualización salarial. Alega el partido del presidente que el incremento salarial ha sido inferior al índice de inflación y por tanto hay 100.000 demandas en curso. Dos, los uniformados no pueden trabajar más sin un fuero militar apropiado a la situación de guerra. Se dice, por ejemplo, que los tenientes coroneles mayores del Ejército no quieren ser ascendidos a coroneles porque si llegan a ser nombrados comandantes de batallón quedan expuestos a ser empapelados. El argumento de los militares es simple: la legislación actual es demasiado civil; se necesita, para poder trabajar, un código militar que los comprenda, que los ampare y que saque de los casinos de oficiales —porque no están en las cárceles— a los comprometidos en la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Dicho en otras palabras: para acabar con el empapelamiento y el castigo a quienes delinquen, cambiemos las categorías de los delitos y los procedimientos para determinarlos. Que sean los propios militares los que se juzguen. El reciente informe de Human Rights Watch considera que de ser aprobado el proyecto de reforma a la justicia, “la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública durante dichas operaciones. También se iniciarían automáticamente en la justicia penal militar las investigaciones sobre ‘falsos positivos’”. El Gobierno ha dicho que no retirará ni modificará el proyecto de reforma a la justicia.

Mirando en conjunto, ¿no sería lícito pensar que los militares han permitido —y algunos de sus miembros hasta fomentado— el crecimiento de las bacrim y bajado la guardia con las guerrillas para presionar una legislación que convenga a sus intereses gremiales?

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