Por: Cecilia Orozco Tascón

La ansiada presa de la Corte Suprema

HAN PASADO TRES MESES Y MEDIO de 2009 y más de 60 votaciones, y la Corte Suprema no ha podido elegir a su presidente. Tal asunto sería intrascendente si no fuera por las condiciones críticas que padece la democracia, debido a la pérdida de autonomía de los órganos públicos y al caudillismo acaparador que desea retener el poder por encima de la Constitución.

La Corte se había crecido frente a los planes de desprestigio que émulos de Montesinos activaron en su contra, cuando hicieron pactos con presos y paramilitares. Pero es obvio que la lucha desigual por su dignidad la ha minado y que ha empezado a desmoronarse su enhiesta y monolítica actitud del principio. Aunque ninguno de los togados se atreva a reconocerlo, en pequeño comité se admite que los emisarios de la politiquería lograron, mediante el estímulo de la ambición personal de unos magistrados, lo que el contrapoder de la justicia no pudo conseguir con la agresión directa: dividirlos entre los defensores de la autonomía del tribunal, de un lado, y los temerosos del mazo —o del abrazo— del poder presidencial, del otro.

Es en ese fondo de tierras movedizas donde se ha empantanado la escogencia del presidente del alto tribunal, quien —dependiendo del seleccionado— será un símbolo del avasallamiento total de las instituciones, o uno de los últimos baluartes del Estado de Derecho. Algo va de la enérgica presidencia de César Julio Valencia, a la tímida de Francisco Javier Ricaurte. Lo que se pretende ahora es que el que sustituya a este último acentúe su mansedumbre. No ha sido en vano que Ricaurte hubiera prolongado más allá de su tiempo la estadía en la silla de la corporación, contra lo que indicaría el pudor. O que hubiera dejado en su lugar, sin ajustarse al reglamento, al magistrado Javier Zapata, dizque porque era su vicepresidente, cuando a éste se le venció el período simultáneamente con Ricaurte.

Lo que dice la norma es que el presidente encargado será el primero en la lista de la Sala en orden alfabético y la ‘Z’ no da por ninguna parte. Hipotéticamente, entonces, Zapata incurriría en lo que se denomina usurpación de funciones. En sana lógica, Arrubla (Jaime) debería presidir la plenaria de manera temporal. Sin embargo, muchos le tienen miedo a su rectitud jurídica y al carácter que exhibiría de liderar tamaña elección. Explican, tal como lo harían los mañosos del parlamento, que no, que se encarga al primero en orden alfabético pero de la Sala Penal, porque es de ese recinto de donde debe salir el sustituto de Ricaurte. Ahí aparece el magistrado Bustos (Leonidas), al que no le conviene figurar por el momento, porque aspira a algo más que a un ‘flash’. A Bustos lo conocen por moverse con agilidad en los vericuetos de los compromisos y porque en privado cultiva —con el apoyo de unos colegas agazapados— la ilusión de tomar para sí la presidencia de la corporación, en cuyo caso habría brindis con champaña en el Ejecutivo y en el Legislativo.

En efecto, Gobierno y Congreso lo recuerdan con gratitud. Fue Bustos quien, según reportes de prensa, cambió de opinión a última hora cuando se decidía si los parlamentarios podían renunciar al fuero para evitar ser juzgados en la Corte. Gracias a su voltereta, los investigados de la parapolítica duermen tranquilos mientras sus procesos se empolvan en la Fiscalía, entre ellos el del doctor Mario Uribe. Copados ya la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría y, a través de ésta, el Consejo de Estado, queda la Corte Suprema. Está a punto de caer.

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