La ausencia del estadista

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Colombia está huérfana de estadistas. Un estadista se define como el político que se coloca por encima de las divisiones partidistas y de los sectores sociales, que se concentra en la búsqueda del bien común y asume sus responsabilidades frente al destino de la nación. El estadista oscila entre la búsqueda del consenso nacional y su adscripción partidista que se enfrenta a otras fuerzas políticas, inclinándose por la primera.

Según Ortega y Gasset, el estadista debe contar con virtudes magnánimas y estar lejos de conductas pusilánimes, débiles frente a los poderosos y duras contra los demás. El estadista se ocupa de las cuestiones trascendentales de largo plazo y frecuentemente toma decisiones impopulares, mientras que los políticos ordinarios se preocupan más de los resultados inmediatos de sus acciones.

Duque no cuenta con las virtudes del estadista: representa solo a un partido minoritario, de orientación extrema, y no a todos los colombianos. Defiende de la justicia al político que lo puso en el solio presidencial, resultando ser un tema personal. En vez de proteger y respetar las instituciones, ataca y cuestiona la potestad de los jueces. El presidente debe garantizar el equilibrio de poderes y no presionar a las otras ramas del poder para que se sometan a sus intereses. No debe demandar que los jueces dejen de investigar o que exoneren a cualquier ciudadano, no importa lo que haya hecho o dejado de hacer a favor de la patria. Uribe tiene procesos pendientes con la justicia, de los cuales la manipulación de testigos y el fraude procesal son los de menor envergadura, pero son también los que más acumulan material probatorio en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El partido Centro Democrático clama por derruir el sistema judicial que tenemos para instaurar uno nuevo, cuyo objetivo principal parece ser la impunidad de su jefe supremo en todos los procesos que pesan en su contra. Otro de sus temas preferidos es la cadena perpetua para toda clase de crímenes, acudiendo al populismo punitivo. No piensan en la falta de poder ejecutorio que caracteriza al Estado colombiano y que se hace especialmente evidente en su sistema judicial; pero cuando actúa correctamente, ponen el grito en el cielo. Es muy necesario que el acusado cuente con todas las garantías procesales para defenderse de los cargos que sobre él recaen, pero ese no parece ser el curso de acción que han escogido sus devotos seguidores.

Los uribistas claman por una constituyente que les otorgue la conducción del país por todos los tiempos, sin contar con el apoyo de la ciudadanía. Tienen el respaldo de otros partidos si es que les reparten prebendas, pero no de los políticos serios ni de las fuerzas independientes. Tienen el apoyo del gremio de los ganaderos latifundistas, de una parte de los agricultores y de algunos empresarios beneficiados por regalos tributarios y contrataciones estatales, otorgadas durante los tres períodos presidenciales de que han disfrutado.

Cuando los uribistas decidieron volcarse a las calles para protestar por el arresto domiciliario de su líder, esperando que se activara la reserva y la insurrección, se evidenció que sus manifestantes conducían poderosos vehículos blindados, pero estaban huérfanos de pueblo. Las señoras de bien que se desgañitaban denunciando la injusticia de que era víctima su jefe pronto se cansaron, con sus gargantas lastimadas. No hay ningún estadista en sus filas.

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