Por: Humberto de la Calle

La auténtica reforma a la justicia

Para el ciudadano de a pie los verdaderos problemas de la justicia son la congestión, la demora en los fallos, la inseguridad jurídica y, en algunos casos, la sensación de que la corrupción desempeña su papel.

Muy poco de esto lo ataca el proyecto conocido con el pomposo nombre de reforma a la justicia. Con excepción de la solución de pequeñas causas, la desjudicialización, la habilitación de abogados para juzgar y algunas manifestaciones más bien retóricas, la iniciativa sigue orbitando alrededor de los intereses de las cúpulas del poder.

En cambio, otros proyectos promovidos por el Gobierno sí contienen respuestas eficaces. El Código General del Proceso, si se logra mantener en su concepción original, significará un verdadero avance en términos de rapidez, transparencia y lealtad en los litigios. De igual modo, una verdadera oralidad, lo que no sólo implica adopción de normas, sino avances tecnológicos, preparación de funcionarios y eliminación de las telarañas coloniales que afectan jueces y abogados, rendirá verdaderos frutos. Es allí, en el campo gerencial, con evaluación de resultados e índices de productividad, donde anida la verdadera reforma.

La discusión de las propuestas constitucionales en curso parece más bien un sutil y delicado mecanismo de relojería, en el que cada protagonista mueve sus fichas para aumentar su tajada en la torta del poder.

Se le agradece al presidente Santos que busque el consenso, para evitar la repetición de la guerra de guerrillas entre ejecutivo y justicia que tanto daño hizo. Pero para lograrlo, el Gobierno ha tenido que arriar algunas de sus banderas iniciales. La más notable: la desaparición del Consejo de la Judicatura que, según la novísima versión, sigue virtualmente intacto. Los magistrados ganan por punta y punta: ampliación del período, cooptación pura y dura, creación de sala de instructores para juzgar congresistas, doble instancia intramural para éstos sin salirse de los linderos de la Sala Penal y creación de una comisión judicial que tendrá en sus manos la verdadera llave de la desjudicialización. Es esta comisión de jueces la que decidirá a la hora de la verdad qué materias salen de su órbita.

Gana también el Congreso con la doble instancia y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento.

La idea de constitucionalizar el presupuesto de la justicia es inadecuada. Más plata se necesita, claro está. Pero finlandizar el presupuesto mediante la creación de bolsas inamovibles es algo que desecharía cualquier novato en hacienda pública. Es verdad que la participación del sector en el PIB, que había llegado al 1% en la década de los noventa, ahora se sitúa en el 0,34%. Pero las partidas presupuestales deben ser producto de un examen ponderado de necesidades, no de la aplicación ciega de una cifra que hay que conseguir de todos modos, despertando la glotonería de los beneficiarios.

La tutela intacta. Con todos sus problemas, es una significativa victoria del ciudadano y el Gobierno. Pero no se sabe si es una victoria duradera. 

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