Por: Yesid Reyes Alvarado

La autonomía de la justicia

La autonomía judicial comprende varias facetas, una de las cuales es la de garantizar a sus miembros que pueden tomar decisiones libres de presiones o interferencias de las otras ramas del poder público.

Cuando desde el Gobierno se descalifica públicamente el pronunciamiento de los jueces, se coarta su independencia; mucho más cuando como consecuencia de esa actitud se consiguen en su contra apresuradas medidas disciplinarias, como su separación temporal del cargo mientras lo investigan. Desde luego que si un ministro o un presidente de la República están en desacuerdo con una resolución judicial, tienen derecho a controvertirla; pero para eso existen unos canales legales dentro de un Estado de derecho, que no fueron diseñados sólo para la gente del común; tanto los particulares como los funcionarios deben acudir a ellos para cuestionar las sentencias que no compartan, haciendo uso, por ejemplo, del recurso de apelación o acudiendo al mecanismo extraordinario de la tutela. Y si todos esos procedimientos se agotan sin que el inconforme haya conseguido modificar el criterio que no comparte, su obligación es la de acatarlo respetuosamente sin hacer ninguna manifestación pública de censura al mismo.

Afirmaciones como las que en su momento hizo el exministro Fernando Londoño contra quien dejó en libertad a los Rodríguez Orejuela, el cuestionamiento público que hizo el presidente Santos a la sentencia condenatoria contra el general Arias Cabrales por desapariciones forzadas ocurridas durante las llamadas toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, o las más recientes declaraciones del primer mandatario descalificando la conducta de un juez que otorgó casa por cárcel a alias El Cebollero e invitando públicamente al Consejo Superior de la Judicatura (cuya eliminación propone el Gobierno) a que lo investigue, coartan la autonomía de la rama judicial.

Ignoro si en este último caso el fallo fue correcto; es probable que no lo haya sido. Por eso mi inconformidad no tiene que ver con el asunto de fondo (¿era o no viable conceder la detención domiciliaria?), sino con la forma en que se disiente de las determinaciones judiciales, especialmente cuando la crítica proviene de miembros del ejecutivo; porque en un Estado de derecho hay reglas que permiten encausar esas desavenencias con las decisiones de los jueces, para de esa forma evitar que ellas sean objeto de ataques por fuera del único escenario donde pueden ser válidamente controvertidas: el procesal.

La Fiscalía, respetuosa de los cauces legales, ha interpuesto recurso de apelación, seguramente con sólidos argumentos. Pero independientemente de si la asiste o no la razón, lo cierto es que después de las manifestaciones del presidente y de la fulminante suspensión de quien dictó la resolución, su superior tiene sólo dos alternativas: o revoca la reclusión domiciliaria y recibe el respaldo del ejecutivo, o la confirma con la certeza de que será suspendido e investigado con la misma celeridad que su inferior jerárquico. ¿Realmente puede afirmarse que ese juez de segunda instancia goza de plena autonomía para pronunciarse en la forma que él crea ajustada a la ley?

 

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