La avestruz jubilada

Todavía me parece increíble que los colombianos no hayan aprobado las modificaciones al régimen de pensiones incorporadas en el pasado referendo de Uribe.

Las propuestas tenían todos los elementos para haber formado una gran causa popular.

En primer lugar, se trataba de eliminar serios factores de discriminación. Desvertebrar una verdadera casta de privilegiados compuesta por congresistas (muchos de ellos, después de una suplencia tan afortunada como fugaz y estéril), magistrados, funcionarios del Banco de la República y sindicalistas de Ecopetrol, Colpuertos y demás puntos de encuentro de la mamandurria universal.

En segundo lugar, garantizar que, mediante la racionalización del régimen de pensiones, la olla de la jubilación alcance para todos.

Los jóvenes deberían haberse colocado a la vanguardia de esta discusión y haber inundado literalmente las urnas con un voto positivo. Es probable que este tema se haya perdido entre la multiplicidad de preguntas formuladas a los electores. También es cierto que cuando arranca la vida, la vejez no pasa de ser una simple palabra en el diccionario.

Pero lo cierto es que la crisis se nos vino encima.

Ante el agotamiento de las reservas, el tesoro nacional ha tenido que empezar a girarle fondos al Instituto de Seguros Sociales.

Un excelente informe de Portafolio delinea los contornos del problema y reseña los elementos de la propuesta del Gobierno que debe comenzar a discutirse el 20 de julio.

Hay un punto nuevo: acabar con la posibilidad de negociar mediante convenciones colectivas un régimen de pensiones distinto al estrictamente legal.

En defensa de esa iniciativa hay varios argumentos.

Una cosa era negociar pensiones en el pasado, cuando simplemente los pasivos se diluían ciegamente en el presupuesto general, sin cálculo actuarial, ni reservas. Hoy existe la necesidad de asegurar la solvencia del sistema, con mayor énfasis después de una revolución demográfica que aumentó geométricamente el número de viejos que descansan acaballados en las espaldas de jóvenes que trabajan y que son cada vez menos. En este panorama, ya no es lícito negociar sobre la suerte de generaciones futuras, por cuanto esto ahora excede el interés concreto de sindicato y empresa y adquiere una dimensión general, de beneficio público, reservada por tanto a la ley.

Una segunda reflexión: no está bien que el director o gerente de turno, bajo la presión del sindicato, en vez de negociar sobre cifras actuales, las que afectan sus pérdidas y ganancias y su balance de desempeño, como los salarios y prestaciones, salga del paso apresuradamente —a veces en hombros de los trabajadores— girando sobre la cuenta remota de los jubilados futuros. La novela de la avestruz jubilada, podría llamarse esto.

Y, por fin, una inmoralidad catedralicia: negociar como contraparte del sindicato y, después, extender los beneficios convencionales a los directivos. Casos se han visto. No pocos. Muchos de los actuales jubilados privilegiados se beneficiaron en el pasado de esa pirueta maloliente.