Por: Columnista invitado EE

La banda que no quiere que se vigilen los Derechos Humanos

Por: Helena Urán Bidegain

Días atrás, cinco de los países del gran club de la derecha de América Latina --Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil-- enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigida a su secretario general, Paulo Abrao, para, según ellos, “proponerle respetuosamente” que este tribunal no interfiera más en los asuntos internos de los países firmantes, cuando de violación de DD. HH. y reparación se trata.

Este club de los cinco menciona que la CIDH, al “momento de decretar medidas de reparación debe guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del estado de Derecho”. Es decir, que el sistema de protección a los Derechos Humanos no puede “sobrepasar” la autonomía de los Estados.

Son varias las sorpresas que resultan de esta solicitud:

1) Si existe el Sistema Interamericano  de Derechos Humanos (SIDH) es precisamente porque estos países que se autodenominan como Estados de Derecho no parecen haber salvaguardado en todo momento los Derechos Humanos y libertades de sus ciudadanos como deberían. Este sistema es, pues, la última esperanza con la que cuentan los ciudadanos. Porque aunque en muchas ocasiones los Estados no llegan ni a cumplir con los fallos de la Corte, estas sentencias sí resultan un gran respaldo que empodera a las víctimas en su lucha por la justicia.

2) Los cinco países piden que no se intervenga en asuntos de reparación que tengan que ver con individuos, que ya de por sí son vulnerables frente al poder del Estados, pero sobre reparación a empresas, que en muchas ocasiones realizan reclamaciones poniendo en tela de juicio políticas públicas establecidas en beneficio de los ciudadanos y cuyas reparaciones son cuantiosas, no se hace mención alguna.

3) Estos mismos países que tienen la desfachatez de firmar esta carta, critican hoy fuertemente a Venezuela por la violación a los DD. HH. en la que está incurriendo el gobierno de Maduro (algo cierto), y dicen estar muy preocupados por el pueblo venezolano, pero al mismo tiempo desaprueban que un tribunal internacional, ratificado en su momento por ellos mismos y con esta función, les señale o exija reparar a sus propios ciudadanos, cuando son estos Estados los que atentan. Se creen con la autoridad moral para criticar la violación de DD. HH. del país vecino, pero rechazan que quien realmente tiene la potestad para ello los juzgue a ellos, y arman un club para reducir la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano.

Se dice que cuando un caso llega a la CIDH es porque los recursos judiciales internos del país están agotados, pero, en muchos casos, la realidad es que estos recursos ni siquiera existen, o mejor, no se ponen a disposición de muchas personas a quienes se les niegan hasta los más básicos derechos, incluido tener derecho a ellos. Quitarles la esperanza que ofrece la CIDH, como última instancia, es dejar a los ciudadanos aún más desamparados y vulnerables de lo que ya están.

De manera socarrona y cínica, esta carta sigue la misma línea que regímenes como el de Fujimori (1999) o el de Chávez/Maduro (2012) asumieron en su postura frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando se sintieron incomodados en lo que consideraban su derecho natural para violar, torturar, desparecer y ejecutar, sin rendir cuentas por ellos. Ahí entonces es cuando denuncian y deciden retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es imposible entender la osadía de este ramillete de países, con su gran cúmulo de atentados a la libertad individual y los derechos humanos a cuestas.

El Brasil de Bolsonaro con sus afirmaciones abiertamente a favor de la tortura; la Argentina de Macri con su persecución política a través del poder judicial y multitudinarias manifestaciones sociales; el Chile de Piñeras y su manera de manejar los conflictos con los Mapuches que reivindican sus derechos a la tierra; la Colombia de Uribe/Duque con la falta de control y esclarecimiento a los asesinatos masivos a líderes sociales y gestores de paz, así como su firme oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz; o el Paraguay que no hace nada para proteger a las comunidades indígenas Yakye axa , Sawhoyamaxa, de terceros que se apropian de sus tierras ancestrales para plantaciones de Soya. etc. etc. etc.

Que estos cinco pretendan que la Comisión y la Corte Interamericana deje de intervenir y más aún les de palmaditas por sus grandes esfuerzos en la consolidando el Estado de derecho, reafirma simplemente su políticas represoras y de impunidad.

Puede ver aquí la carta https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190424-Comunicado-de-prensa-del-Ministerio-de-Relaciones-Exteriores-sobre-el-Sistema-Interamericano-de-Derechos-Humanos.aspx

@HelenaUranBideg

 

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