Por: Felipe Zuleta Lleras

La basura huele mal

ARRANCA CON PIE IZQUIERDO LA alcaldesa Clara López en lo que tiene que ver con la multimillonaria licitación de las basuras, cuyo monto asciende a 2,5 billones de pesos, y que está siendo manejado por la directora de la Uaesp, doctora Miriam Martínez, hoy con una suspensión de la Procuraduría que está en proceso de apelación. ¿Acaso no sería más lógico nombrar a otro funcionario y revisar todo el proceso?

Muchos y gravísimos interrogantes ameritarían que la alcaldesa y los organismos de control intervengan ya. Bogotá está frente a una catástrofe anunciada por cuenta de asuntos como los siguientes:

¿Por qué, si desde hace ocho años se tenía clara la fecha de vencimiento de los contratos con los operadores actuales, sólo en julio de 2011, a dos meses de que se venza la prórroga que los extendió, el Distrito está tratando de sacar adelante la licitación? ¿Por qué los pliegos contienen exigencias que no permitirían recuperar vía tarifas los costos? Esas exigencias son: barrido mecánico de vías y puentes, atención de zonas duras, lavado de puentes vehiculares y peatonales, puntos sanitarios, andenes, plazas, corte de césped y poda de árboles. La ley ordena que el Distrito garantice la fuente de esos recursos adicionales. ¿De dónde van a salir? ¿Por qué en los pliegos no se incluyó la fuente de esas exigencias adicionales?

¿Por qué no se conocen los fundamentos técnicos de esas exigencias adicionales ni su relación costo/beneficio?

¿Piensa la Uaesp sacar esos recursos de la “bolsa del servicio público de aseo”?

¿Para cuánto tiempo alcanzan esos recursos sabiendo que la concesión es de 8 años?

¿Cómo áreas de servicio exclusivo con usuarios de bajos recursos como Tunjuelito y Ciudad Bolívar van a subsidiar a otros usuarios de áreas de estratos económicos altos? ¿Acaso los recursos saldrán vía tarifas de aseo cuando ya las exigencias adicionales se pagan con el impuesto predial?

¿Por qué la Directora de la Uaesp y sus costosos asesores —incluido un inhabilitado excomisionado de la Comisión de regulación de agua potable (CRA), Dr. Luis Augusto Cabrera— no han sido capaces de responder en forma clara y precisa a más de 1.000 interrogantes que han formulado los interesados en el proceso?

¿Por qué las confusas y evasivas respuestas de la entidad a los interrogantes formulados por los interesados se dan a la medianoche de un viernes de puente con audiencia programada para el martes siguiente a las 8:00 a.m.?

¿Por qué la Uaesp sostiene que la CRA autorizó el modelo financiero y las tarifas y esta entidad sostiene lo contrario?

¿Por qué se hacen cambios sin respaldo técnico y en cada adenda se imponen más obligaciones, no presupuestadas, a los concesionarios?

Si los modelos financieros no dan, ¿pretende la Uaesp dejar al Distrito lleno de millonarias demandas? Si la alcaldesa no reacciona ya, podría correr la misma suerte de su antecesor Samuel Moreno.  Bogotá está frente a un maloliente y caótico proceso.

 

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