Por: Mauricio Albarracín

La batalla campal contra la eutanasia

Al día siguiente de expedida la resolución del Ministerio de Salud que garantiza el derecho a la muerte digna, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó su desacuerdo, pero dijo que no iniciarían una “batalla campal” contra la decisión del Gobierno.

Lo paradójico es que la afirmación de monseñor Castro fue una premonición de lo que harían los católicos radicales contra la eutanasia.

La batalla campal contra la eutanasia tiene tres frentes: los tribunales, las clínicas y los púlpitos. Estas armas ya han sido probadas contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por causa excepcionales y contra las familias de parejas del mismo sexo que buscan la protección legal. Para ello, los fundamentalistas han creado un aparato de poder conformado por la Procuraduría y todos sus recursos y el poder de influencia política de la jerarquía de la Iglesia.

La artillería jurídica va por cuenta del Procurador quien usará todos los recursos legales para impedir que se implemente la resolución. La Procuraduría usa varias artimañas procesales contra los derechos. Lo primero que hizo fue interponer un recurso de nulidad contra la sentencia de la Corte. La nulidad, como lo tiene claro el inquisidor, no afecta el cumplimiento de la sentencia, pero la interpone para confundir a la opinión y crear más debate en la sala plena de la Corte. La segunda parte de su estrategia es amenazar veladamente a los funcionarios públicos. Así lo hizo contra el Ministro de Salud en una carta del 20 de abril pasado en la cual una procuradora delegada le advirtió que expedir la resolución estaba fuera de sus competencias y que es un caso similar al caso de las resoluciones que garantizaron la interrupción voluntaria del embarazo en casos excepcionales. Antes amenazaban con excomulgar, ahora con destituir.

Lo que se viene ahora es la demanda de nulidad contra la resolución que el Procurador anunció que será presentada en los próximos días. Para esto, Ordóñez usará su poder en el Consejo de Estado, especialmente para que se suspenda provisionalmente la resolución. El Procurador descubrió que a través de recursos leguleyos puede ganar en los tribunales lo que perdió en la Corte. La secta de Ordóñez ha convertido a la Procuraduría en un aparato jurídico-religioso para quitar los derechos a los ciudadanos. Siguiendo las infames ideas de su tesis de grado, el Procurador usa su cargo para aplastar “el comunismo ateo” y los principios liberales de la República.

Mientras la Procuraduría es el músculo jurídico de la guerra contra los derechos, la Iglesia se aprovecha de su posición en la administración de hospitales para amenazar al Ministerio de Salud y hacer un llamado a la rebelión. Antes de que saliera la resolución, el 12 de abril de 2015, el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Pedro Mercado, envío una carta al Ministro de Salud con argumentos casi idénticos a los de la Procuraduría, algo que no debería extrañarnos. Como si fuera poco, la jerarquía de la Iglesia advirtió que “ni el personal sanitario católico ni las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia… practicarán la eutanasia”. Si no se garantiza este privilegio, dijeron que: “se pondría en riesgo nuestra actual cooperación con el Estado en el campo sanitario y se afectarían nuestras relaciones en otros campos”. Un día después de expedida la resolución, monseñor Juan Vicente Córdoba elevó el tono a la amenaza diciendo que iban a usar todos los recursos “legales nacionales e internacionales y de no conseguir respuestas frente a la eutanasia, procederemos a cerrar todos nuestros hospitales si insisten en obligarnos a matar”.

La estrategia de los católicos rebeldes es clara: usar toda la artillería jurídica contra el derecho a morir dignamente y, si fracasan, cerrar los hospitales. El uso del derecho es solamente un malabarismo porque en cualquier caso no van a cumplir con la órdenes de los jueces. Toda esta guerra está acompañada de las acostumbradas mentiras, exageraciones y tergiversaciones que se lanzan desde los púlpitos.

En el fondo, todo esto es un sabotaje concertado desde la cúpula de la Iglesia y de la Procuraduría que se han unido como dos espadas contra el Estado liberal y democrático. La Iglesia Católica, así como todas las iglesias y los no creyentes, tienen derecho a opinar en la vida pública, pero también deben acostumbrarse a hacer críticas respetuosas y a aceptar las decisiones independientes de los jueces. Al fin y al cabo, ¿quiénes se creen los obispos para hacer una guerra contra los enfermos terminales que desean morir dignamente?

 

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