Por: Hernando Gómez Buendía

La caída del fuero

El oficio esencial de los soldados es matar a los soldados enemigos. Este poder supremo —el de matar a otros seres humanos— tiene que estar rodeado de controles muy severos.

El derecho de guerra dice precisamente cuándo, a quién y cómo puede matar un soldado: en desarrollo de una guerra defensiva (no agresiva), al combatiente enemigo (no a los civiles) y por medios ceñidos a las convenciones internacionales (que prohíben el uso de ciertas armas o métodos). El derecho de guerra es patrimonio de la humanidad, y no puede ser alterado por la legislación interna.

El derecho penal militar se creó para otra cosa: para asegurar la disciplina que necesita un ejército en medio de la guerra. Su objetivo es castigar las faltas o delitos que sólo pueden ser cometidos por militares “en servicio activo y en relación con el mismo servicio” (como dice la Constitución de Colombia). Faltas como la deserción, la rebelión, la desobediencia de una orden superior o el dormirse de guardia: en todas partes del mundo estas conductas son juzgadas por cortes marciales o tribunales militares y están sujetas a penas rigurosas.

El fuero militar no es otra cosa que los procedimientos y tribunales especiales para aplicar el derecho penal militar. No es un privilegio de los militares: es una justicia especializada —y generalmente más drástica que la ordinaria—. No juzga crímenes de guerra: juzga faltas al servicio.

Ese, al menos, es el fuero militar que existe en casi todo el mundo (no existe en Alemania o Costa Rica). Pero en Colombia queremos otra cosa: un fuero que proteja a los militares de los castigos que podrían resultar de sus acciones a lo largo de este largo, enredado y degradado “conflicto armado interno”.

La razón suena obvia: sería absurdo perdonar a los guerrilleros y castigar a quienes defendieron las instituciones. Pero ahí va la confusión: no se trata de juzgar ni castigar a los miles de soldados que defendieron las instituciones, sino a aquellos que cometieron los delitos propios de la guerra sucia.

Digámoslo en plata blanca: se trata de perdonar también a los soldados por sus delitos contra los civiles o por el uso de métodos prohibidos en la guerra (torturas, desapariciones, “falsos positivos”...). Pero resulta que esto se logra con el fuero, porque un juez militar o civil debe aplicar las mismas leyes, y esas leyes no dependen de Colombia.

La Corte tumbó la reforma por vicios de procedimiento, cuando debió tumbarla porque desnaturaliza el fuero, rompe la Constitución y los tratados internacionales.

La salida no era el fuero sino la justicia transicional, que rebaja las penas y se concentra en los grandes responsables. El Marco Jurídico para la Paz prevé expresamente esta opción “para los agentes del Estado”. Y aunque tiene problemas jurídicos y políticos, con esta opción al menos llamaríamos las cosas por sus nombres.

Hernando Gómez Buendía. / Director de Razón Pública.

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