Por: VICE

La caída del puente Chirajara: una vergüenza que no podemos dejar pasar

Hay que investigar a fondo. No permitamos que en cinco años condenen a tres peones por hechos que pudieron haber sido responsabilidad de fichas más claves.

Por Andrés Páramo Izquierdo*

*El Espectador reproduce esta columna de opinión en el marco de su alianza de medios con VICE Colombia. Vea el artículo original aquí.

Anunciado con bombos y platillos en un arrodillado confidencial del diario El Tiempo, el puente Chirijara, ubicado en la vía que va de Bogotá a Villavicencio, se describía hace tres meses así: “4 túneles, que suman 6,7 kilómetros, y cerca de 2 kilómetros de puentes y viaductos. Se trata de obras de alta ingeniería con especificaciones de calidad sin precedentes y entregadas a tiempo”.

Acompaña a la nota una foto del presidente Juan Manuel Santos mirando a un sonriente Luis Carlos Sarmiento Angulo, a quien El Tiempo, su periódico, denomina —ay, Dios, cómo pesan las palabras— el “responsable de la obra”.

Como nos dimos cuenta al mediodía del lunes, las construcciones “de calidad sin precedentes y entregadas a tiempo” no eran tal cosa. Ni cerquita. Faltaban veinte metros para que las torres que sostenían el puente se unieran por fin en un solo tramo, cuando una de ellas se vino abajo llevándose a su paso el camino entero. Dejó a nueve personas muertas según las últimas estimaciones. Doscientos ochenta metros de vacío limpio por el que se fue todo al traste.

Los responsables, por lo pronto, sobre quienes debe caer la lupa investigadora, son los organismos del Estado y, por supuesto, los actores privados que se dieron a hacer los estudios y ejecutar las obras. La cadena entera debe responder.

Dicen algunos que se trata de una falla, un accidente: de algo que pasa en todos los países del mundo. Supongamos que esto es cierto. En Colombia, sin embargo, las fallas se multiplican de manera precipitada, grosera.

Si no, hagamos cuentas rápidas de otras construcciones que en años recientes han caído como fichas de dominó: el edificio Space, en Medellín, año 2013; el puente de la carrera 11 con calle 103, en Bogotá, año 2015; el edificio Blas de Lezo II (que ni siquiera debió existir, una omisión), en Cartagena, año 2017. Y ahora un puente construido bajo “todas las revisiones necesarias”, pagado por el bolsillo del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, visitado con orgullo por Juan Manuel Santos, fotografiado incluso por el propio Germán Vargas Lleras cuando, en una anticipada campaña, repartió carreteras por Colombia, ahí sí, inflando el pecho: su obra.

Ese puente.

El derrumbe supone una tragedia nacional. Una tragedia para los familiares de las víctimas, en primer lugar, que no sumaron más porque la obra aún no estaba inaugurada y porque muchos de los trabajadores presentes se encontraban fuera de ella, almorzando. Pero es también una tragedia para este país, para la nación entera. ¿Cuándo se acabará esa sensación generalizada de que en Colombia las cosas no funcionan? ¿Cuándo tendremos la confianza de que las obras se van a hacer bien y perdurarán?

Y es una tragedia que ocurra en época electoral. En los días que dure en el ojo público —hoy, tal vez mañana—, el hecho será un caballo de batalla para que algunos vampiros chupen réditos en campaña. Aprovecharán que la ciudadanía está rabiosa e irreflexiva para pisotear los cadáveres de las víctimas. Eso ya ha pasado: no son cosas nuevas en esta carnicería.

Pero si queremos hacer una diferencia en estos casos, deberíamos, como dice el cronista Alberto Salcedo, exigir un poco de grandeza. Buscar responsabilidades políticas sin “aprovechar las tragedias para vender política de cara a las elecciones”. Tiene toda la razón.

De aquí en adelante, todos deberíamos hacer preguntas. ¿Quién responde? ¿Qué va a suceder? ¿De quién fue la culpa y por qué? Y preguntárselo a todos. A la Asociación Nacional de Infraestructura, al Ministerio de Transporte, al Gobierno Nacional. También a Coviandes, el consorcio encargado de la construcción de la obra. A la firma Área, que la diseñó. A la constructora Gisaico, que puso piedra sobre piedra para llevarla a cabo. Y esto el CTI de la Fiscalía debe hacerlo de la manera más rápida posible.

Sería una desfachatez propia de un país como este que los eventuales responsables —insisto, políticos y privados por igual— no dieran la cara. Más cuando, porque este país es así, el fantasma de la corrupción toca la puerta de la curiosidad. Presumir un acto de corrupción cuando se cae una obra entera es lo mínimo que debe hacerse. No dejemos que en cinco años condenen a tres peones por hechos que pudieron haber sido responsabilidad de fichas más claves del ajedrez político.

Todos ellos andan diciendo, Germán Vargas Lleras incluido, que falta esperar a que las investigaciones concluyan y a que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. En eso tienen toda la razón.

Pero no permitamos que, como siempre, el agua se entibie y termine pasando nada. 

Ese sería el primer paso para acostumbrarnos a que no todo se hace mal en este país.

Es casi una deuda con nosotros mismos.

 

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