Por: Alejandro Reyes Posada

La caja de herramientas para el campo

La suma del acuerdo agrario y de apertura política con las Farc es un salto irreversible de la negociación de paz y anticipa una transformación del campo desde abajo, que reconozca a los pobladores rurales su ciudadanía y su derecho a controlar su desarrollo.

La movilización rural de agosto y septiembre es una presión colectiva para realizar los cambios anunciados, y el pacto por el agro es el escenario dispuesto por el Gobierno para concertar las políticas que saquen al mundo rural del abandono.

El horizonte del cambio requerido está dibujado en sus grandes líneas, pero se requiere escalar las capacidades territoriales de gestión del desarrollo para llevarlo a cabo. El país tiene mal distribuida su población rural en el territorio, con una carga demográfica excesiva en las cuencas hídricas de montañas andinas, que causa erosión e inundaciones, y frentes colonizadores subsidiados por la coca, que presionan la reserva boscosa, donde el costo ambiental supera con creces el beneficio económico. Por eso Colombia debe cerrar la expansión de su frontera agraria y resolver las tensiones causadas por el acaparamiento improductivo de la tierra dentro de las áreas incorporadas al mercado.

El ordenamiento productivo del territorio es la primera carta de navegación que permite saber dónde debe prevalecer la conservación del ecosistema, dónde puede recuperarse, dónde puede hacerse uso más intensivo de la tierra y dónde debe disminuirse la sobreexplotación del suelo. Al ordenamiento territorial sigue la corrección de los grandes problemas que afectan los derechos de propiedad, que son la falta de acceso, la informalidad y la ilegalidad. Cada región tiene una combinación distinta de latifundio, mediana y pequeña propiedad, en estructuras multimodales, pero algunas tienen una fuerte concentración de la tenencia a expensas del campesinado sin tierra.

El país tiene una buena base de información geográfica sobre vocación natural y uso de los suelos y una muy deficiente información censal y catastral y de registro de la propiedad. Además tiene un sistema ineficiente de regulación de los derechos y transacciones, del que forman parte los notarios, jueces civiles, registradores, alcaldes y funcionarios del Incoder, con la supervisión de los tribunales contencioso-administrativos y la revisión del Consejo de Estado. En la práctica, en Colombia se aplica el formalismo del derecho civil para regular la propiedad y no el derecho agrario, que consagró la función social de la propiedad. Por eso han prevalecido siempre los títulos formales inscritos sobre la posesión de quienes trabajan la tierra con su esfuerzo y se ha desplazado a los campesinos de las mejores tierras.

La caja de herramientas completa estará conformada por el censo agropecuario, el catastro actualizado, la coordinación entre la información predial y el registro de propiedad, la creación de la jurisdicción agraria y la potenciación de capacidades de gestión territorial en todas las regiones del país. Con ellas se transformará el campo colombiano en la próxima década.

 

*Alejandro Reyes Posada

 

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