Por: Alfredo Molano Bravo

La Cantuta

EN ABRIL DE 1992 FUJIMORI CIERRA el Congreso alegando que el Legislativo se negaba a cooperar en la lucha antisubversiva y suspende de paso al Poder Judicial.

Las medidas elevaron la imagen del Chinito, como se conocía popularmente al presidente, al 80%. En diciembre del 91, el grupo paramilitar Colina —un escuadrón de exterminio—, compuesto por los servicios de inteligencia, había asesinado a 15 personas en Barrios Altos, un sector de gente pobre, en el centro de Lima. Celebraban una Pollada, una especie de bazar. Los paras creían que era un evento organizado por Sendero Luminoso y entraron disparando. El crimen fue encubierto por el gobierno y los medios orquestaron el silencio. En julio de 92, los paracos de Colina allanan las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Valle La Cantuta y se llevan amordazados y amarrados a 9 estudiantes —7 hombres, 2 mujeres— y a un profesor. En el recinto universitario funcionaba un batallón del ejército que no supo a qué horas ni quién se llevó a los muchachos. El gobierno se ufanaba de ganarle la guerra al terrorismo.

Colina enterró primero a los estudiantes en una playa de Cieneguilla. Le quedaron mal enterrados y regresó al mes por los cadáveres, que con más cuidado volvió a enterrar cerca de un basurero en la autopista Ramiro Prialé. Esta vez usó ácidos y cal, y destrozó algunos cuerpos. Un viejo basurero se pilló el movimiento y dibujó el mapa de las sepulturas, que guardó varios meses, hasta que la hermana de uno de los asesinados logró que Caretas, una revista muy leída en Perú, se interesara en el caso. El escándalo creció hasta que Fujimori dio una respuesta contundente: no sabemos de qué cuerpos habla la señora. Los cadáveres fueron exhumados. Sólo un cuerpo era reconocible. Los demás estaban despedazados. Las coincidencias señalaban cada vez más al gobierno. Alguna llave encontrada en una de las fosas abrió la puerta de la habitación de uno de los estudiantes en La Cantuta. El gobierno comenzó a ser acorralado. Las organizaciones de Derechos Humanos del Perú y del exterior —Amnistía Internacional, Human Rights Watch— tomaron en serio las coincidencias y denuncias. El gobierno respondió con una medida conocida: el control de la prensa.

Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel el martes pasado. Debe todavía responder por 50 asesinatos. El fundamento de los jueces fue que no se necesitaba una orden escrita, como alegaba su defensor, para ser responsable de los crímenes ejecutados por los paramilitares de Colina. El jurado invocó una tesis que los penalistas llaman autoría mediata, u “hombre de atrás”, que implica en un crimen a la persona que, sin ser el autor directo, ejerce el control de un aparato de poder al que se le imputa el delito. La sentencia es inequívoca: fueron crímenes de estado.

El presidente Pastrana afirmó en entrevista a Cecilia Orozco en El Espectador el pasado 22 de marzo que los falsos positivos eran 1.200 y los calificó simplemente de crímenes de estado.

“La decisión de los tribunales —dijo El País en su editorial— supone un evidente refuerzo para las precarias instituciones democráticas de Perú, pero también del conjunto de Latinoamérica, tan propensa a excesos de algunos líderes políticos que siguen creyendo poder manejar las leyes a su antojo”.

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