Por: Antieditorial

La Cicig: instrumento de intervención y no de colaboración

El editorial "Guatemala necesita la atención del mundo”, revela una de dos cosas: que el texto fue dictado por la Cicig, o que es grave la miopía de El Espectador en materia de geopolítica.

Desde la instalación de la Comisión en Guatemala, organizada bajo el pretexto de “luchar contra la impunidad” y “en pro de la instauración de la justicia”, lo que el Departamento de Estado y la CIA se han propuesto, en verdad, es preservar la seguridad interna de los Estados Unidos.

Su instrumento es la Cicig. Las funciones que está cumpliendo este organismo no son las de “colaborar” para erradicar la “impunidad” y “hacer justicia”, como candorosamente lo proclama el comisionado. La realidad es otra: tras la mampara de esta “colaboración humanitaria”, lo que Estados Unidos está haciendo es reiterar la que desde siempre ha sido su política: intervenir, mediante actos violatorios de la Convención de Viena, para instaurar gobiernos estables y aliados de su poder.

Desde mediados del siglo XX, Estados Unidos ha hecho lo mismo, valido de distintos pretextos. El Proyecto Camelot, la Operación Cóndor y la Escuela de las Américas son ejemplos de ese afán intervencionista del país del norte. Camelot se desarrolló con el propósito encubierto de “promover proyectos de investigación en ciencias sociales”. La verdad resultó ser la evaluación de las causas de las revueltas sociales y el aniquilamiento de sus protagonistas. La Escuela de las Américas y la Operación Cóndor se crearon bajo la máscara de ser “acuerdos de colaboración”, orientados a preservar la “seguridad” y la “democracia”. Con todo, quedó establecido que se concibieron para acabar con los movimientos de izquierda en América Latina.

La Cicig se inscribe en este tipo de instrumentos intervencionistas. Los pretextos son dos: “erradicar la impunidad” e “implantar la justicia”. Pero la verdad es otra: la CIA y el Departamento de Estado, validos de la Cicig, lo que se proponen ahora, en nuevo formato, es judicializar a los funcionarios públicos de Guatemala. Por esta vía, y haciéndole creer al pueblo que lucha contra la impunidad y la injusticia, la Cicig busca imponer un mandatario del gusto del Departamento de Estado y la CIA. De ahí su intimidante racha de “capturas a la carta”.

Digo intimidantes porque la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, por miedo a que las enreden en un proceso penal, hacen expreso su obedecimiento a las órdenes de la Comisión. Si alguien lee los artículos 3°, 5°, 6°, 9° y 10° del “Acuerdo de Colaboración con la Cicig”, se dará cuenta de que Guatemala, so pena de perder la ayuda de los Estados Unidos, tuvo que ceder su soberanía. La Cicig, según el Acuerdo, se estableció en su territorio con facultades para cooptar la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Administración Tributaria, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Estos órganos, de conformidad con la normatividad del Acuerdo, tienen que plegarse a las decisiones de la Cicig. Y es por este sendero que se ha venido instaurando allí un auténtico paraestatismo. Un demonio se ha instalado en las entrañas de sus instituciones y ha hecho de Guatemala un estado íncubo.

Dos cosas me extrañan de este editorial: una, que El Espectador, por ingenuidad, acolite el intervencionismo y el paraestatismo; otra, que el llamado “magistrado estrella”, el nuevo virrey del Imperio, por darle rienda suelta a su instinto persecutorio y a su hambre de poder, haya dejado de lado sus escrúpulos para convertirse desde la Cicig en un lacayo, o sirviente que llaman, de la más rancia de las políticas reaccionarias.

 

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