Por: Lorenzo Madrigal

La conmoción anterior

Se advierte el ánimo de volver a los tiempos del llamado estado de sitio o antiguo Artículo 121 de la Constitución Nacional, superados, a partir del 91, por nociones jurídicas más participativas y democráticas. Mucho le cobraron al Partido Conservador y a sus gobiernos la utilización y permanencia de ese recurso, que sometía la vigencia constitucional al arbitrio de los gobernantes.

En los tiempos de hoy, en que se hizo imperativa la paz militar y política con la insurgencia de muchos años, antefechada a 52 aniversarios, pero guerra sólo a partir del reconocimiento de beligerancia, puede volver el autoritarismo presidencial en procura de la paz como obligación pública. A lo que nunca está obligado un gobernante es a desobedecer las normas constitucionales y, por el contrario, le es imperativo someterse a ellas.

El ejemplo de países vecinos, transformados en dictaduras de izquierda y los compromisos adquiridos por el Gobierno con la contraparte insurgente, difíciles de cumplir, parecen estar llevando al uso del estado de excepción, lo que en otros ámbitos se llama apelar a leyes habilitantes.

Las dificultades que está presentando la implementación de los acuerdos de La Habana (desafortunada fuente del derecho nacional) por el cercano vencimiento del mecanismo rápido de aprobación y la finalización misma del período legislativo, han dado para que se mencione la opción gubernamental de apelar a decretos leyes, reconocidos como dictatoriales por los mismos que hoy gobiernan, cuando fueron opositores en el pasado.

Dicen que fueron más de 30 años, continuos o intermitentes, en que el país estuvo regido por el artículo 121, habiendo comenzado el empleo de la legalidad marcial cuando el coronel Diógenes Gil orquestó el golpe de Pasto, por allá en el año 44. El presidente Alfonso López fue puesto preso —con su hijo Fernando— y llevado a Consacá, en las estribaciones del Galeras y le correspondió al designado Darío Echandía, si no al propio ministro de Gobierno, Alberto Lleras, decretar la ley marcial.

Vinieron gobiernos conservadores, el 9 de abril del 48, el golpe militar del 53, la dictadura de Rojas avalada inicialmente por el liberalismo, hasta el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, que finalizó a mediados del año 82, todas administraciones que una y otra vez se acogieron a lo que se llamó la turbación del orden público.

Este resumen omite otras apelaciones a los estados de excepción, que ahora son tres, recreados por la Carta del 91. Es, pues, costumbre nacional que no cesa y no es raro, por lo tanto, que quien fue capaz de irrespetar un plebiscito ahora quiera pasar por encima del Congreso y termine implementando la paz por decretos de conmoción interior. Como la anterior, sólo que antes se la conocía como estado de sitio.

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