Por: Armando Montenegro

La contrarreforma

Causó justificada alarma el raudo avance del proyecto que reforma la Contraloría General de la República, una iniciativa que, en concepto de Héctor Riveros en su columna de La Silla Vacía, se dirige a completar “la primera gran contrarreforma constitucional desde 1991”. En la opinión de Riveros y otros calificados observadores, se intenta constituir un superpoder político, más o menos autónomo, que, en la práctica, recrearía la Contraloría que existió hasta comienzos de los años 90, una entidad de triste e ingrata recordación.

Son numerosos los analistas que han señalado que, ante la decisión del presidente Duque de disminuir la repartición de “mermelada”, se han puesto en marcha distintas iniciativas enfocadas a crear nuevos mecanismos de distribución de puestos, recursos y favores. Es, precisamente, con esa óptica que se percibe la reforma de la Contraloría que estudia el Congreso de la República. La multiplicación de cargos y la desmesurada ampliación de poderes en la nueva entidad conformarían un verdadero megapoder con capacidad de aglutinar bloques parlamentarios y consolidar un instrumento de presión para negociar con el Gobierno, y afectar y amedrentar a numerosos sectores de la sociedad.

Hay que celebrar que, ante los argumentos de varios analistas y el peso de las razones de varios gremios que temen la indebida intromisión de la Contraloría en actividades privadas, ha comenzado un proceso de revisión y desescalamiento de las delirantes ambiciones de la iniciativa original.

Desde el punto de vista técnico, sin embargo, el proyecto mantiene varios defectos: 1) no propende por el uso de las mejores prácticas internacionales sobre control fiscal; se limita a replicar y ampliar un modelo legalista y formalista, que data, por lo menos, de 1940. 2) No busca incorporar los adelantos en sistemas, manejo de datos y procesos digitales y demás avances en las ciencias de la administración y las finanzas. 3) No hace ningún intento por concebir el problema de control fiscal en su conjunto, con iniciativas como la de reforzar los procesos de control interno de las entidades y la eliminación de la duplicidad de funciones con la Procuraduría. 4) Mantiene y amplía las horribles contralorías regionales, cuya supresión, por ser una fuente probada de corrupción, ha sido recomendada desde hace tiempo por autorizados estudiosos del tema (entre otros, por el excontralor Maya).

La Contraloría existente es una entidad que puede ser mejorada y tecnificada. Pero hay que reconocer que, desde la Constitución de 1991, este organismo dejó de ser una fuente de corrupción de la vida colombiana. En los años pasados, los contralores y sus altos directivos fueron, por lo general, personas competentes y bien intencionadas. De una reforma bien concebida, sin duda, podría surgir una nueva entidad mucho más pequeña y ágil, más eficaz, basada en el trabajo de profesionales técnicos en auditoría y finanzas, y alejada de las roscas de la politiquería y la mermelada.

Sorprende que, ante la magnitud de los peligros políticos y fiscales que entraña esta iniciativa, el Gobierno se hubiera mantenido pasivo y alejado de la discusión. Este es el momento de vincular al debate a la academia, los expertos en finanzas públicas y los constitucionalistas, y buscar el aporte de los conocedores de las mejores prácticas internacionales.

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