La corrupción bailando y Colombia disimulando

Cecilia Orozco Tascón
05 de diciembre de 2018 - 11:32 a. m.

Es un chiste cruel: ¡¿Colombia, sede de la Cumbre Mundial Anticorrupción?! ¿En serio? En este momento, también cumbre del escándalo de corrupción por los sobornos de Odebrecht en que se encuentran hondamente cuestionados el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el Congreso que lo apoyó en un acto de cinismo estatal difícil de borrar, al punto que tuvieron que inventarse un fiscal ad hoc, ¿el país será el anfitrión de un evento internacional contra la corrupción? ¿Creen que pueden engañar a los ciudadanos comunes y a los organismos multilaterales que los observan? ¡Por favor! Lamento que el presidente de la República, que se vendió como una figura fresca y comprometida con la moralidad pública, esté cayendo en las mismas prácticas corruptas de la vieja política. También lamento que Duque no hubiera mostrado talante de jefe de Estado autónomo, correspondiente al cargo para el que se hizo elegir: en lugar de enviar un mensaje de independencia y altura ética en la conformación de la terna para fiscal ad hoc que configuró —o, más bien, le configuraron—, el mandatario demostró que las consignas anticorrupción que enarbola en sus discursos son solo una cantaleta vacua, sin compromiso real. Demostró, además, que el verdadero dueño de la administración es su jefe, Álvaro Uribe. En efecto, la magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello; la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González, y Leonardo Espinosa Quintero, quien ostenta el rimbombante título de “decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda”, centro académico del extremismo conservador, tienen un elemento en común: son uribistas rendidos, por encima de cualquier otra condición.

Para empezar, Cabello Blanco es togada en ejercicio de la misma Corte que tendrá que elegir a uno de los tres aspirantes. Cabello es bien conocida en los círculos judiciales por sus aficiones clientelistas: se le atribuyen exitosas campañas en favor de los candidatos que alcanzaron la votación requerida, en sala plena, para integrar la Suprema. Significa que los agradecidos magistrados actuales podrán devolverle el favor, votando por ella. Regresaremos, entonces, al yo te elijo-tú me eliges, práctica por la que su amigo y exaliado Francisco Ricaurte —encarcelado por ser parte del corrupto cartel de la toga— salió de la carrera judicial. Cabello es recordada, de otro lado, por su campaña a favor del referendo reeleccionista con que pretendió quedarse Álvaro Uribe en la Presidencia, por tercera vez. Cabello, por si fuera poco, fue una de las tres personas que el mismo Uribe puso en la terna para fiscal general, en 2010. Se trataba del grupo que la Corte de la época declaró “inviable”, es decir, imposible de elegir. Gran paradoja sería que, ahora, esta gran amiga de la magistrada del escandaloso crucero por el mar Caribe, Ruth Marina Díaz (socia de Ricaurte), resultara ser la “solución” al problema de inmoralidad de la Fiscalía General de 2018, habiendo sido rechazada hace ocho años.

La abogada Clara María González, actual secretaria jurídica del palacio presidencial, no solo es de la entraña del senador-expresidente. También estuvo en la campaña por la primera reelección y en el segundo intento de reelección de Uribe. Fue la apoderada que el primer gobierno uribista le impuso a Yidis Medina (la parlamentaria que contó cómo ese gobierno le compró su voto a favor del expresidente) al comienzo de sus líos judiciales. González y otro abogado le enseñaron a Yidis cómo mentir o, mejor, cómo ocultar la verdad para evitarle investigaciones al presidente eterno. Sé poco del “decano ejecutivo” Espinosa. Sin embargo, los estrechos lazos de la Sergio Arboleda con el uribismo no auguran ninguna independencia de su actuación como fiscal ad hoc. Néstor Humberto Martínez, quien pese a sus gestos triunfales en el Senado no ha resuelto, ni un ápice, las dudas morales que se han cernido sobre su conducta privada y pública, ha sido abogado —también— de esa universidad en algún asunto legal. Patética escena: el fiscal general, preso del uribismo; el uribismo, preso del fiscal general y de lo que este tiene en los anaqueles de su ente investigador. Y el presidente Duque, jugando a mantenerse “al margen”, como dijo su disminuida ministra del Interior, del tremendo lío de legitimidad institucional que enfrenta Colombia.

 

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