Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria

La corrupción rampante

EXISTE PREOCUPACIÓN DE LA CIUdadanía por la corrupción rampante y es que el destape reciente ha mostrado problemas de gobiernos nacionales y regionales en numerosos sectores que hoy se conoce y otros que faltan por destapar. Las obras públicas, la salud, la vivienda y los subsidios, las licencias de construcción, las compras estatales para enumerar algunos temas.

Han sido los contratos de obras públicas la principal fuente de corrupción, y por desgracia para los ciudadanos participan funcionarios públicos al igual que contratistas y empresarios, lo que encarece los costos haciendo de las obras públicas las más caras entre los países de la región. Y a los costos se le suma la demora con la que se ejecutan, lo que se vuelve complicado ante la reconstrucción por causa del invierno.

Además del pago de sobornos o cobro de comisiones, otras prácticas son las demandas. Un ejemplo está en el caso de la salud, como han informado los periódicos que decía el presidente de una EPS: “Agobiar la administración con demandas”. Y eso se ha convertido en otra forma de infringir la ley, yo cotizo barato y después demando, pues el Estado no tiene la capacidad para afrontarlas. Esto hace necesaria una oficina del Gobierno dedicada a defender al fisco.

En la Salud se ha destapado una práctica con los recursos del Fosyga y las solicitudes de aprobación de casos excluidos por el POS. Las EPS solicitan, se le niega, y entonces la solución es demandar o sobornar. Esto es lo que ha pasado con la empresa de consultoría creada por funcionarios del Gobierno para aprobar estos pagos. Lo peor del caso es que el exministro de Salud pasado no se había dado cuenta de lo que sucedía y que las solicitudes aprobadas del Fosyga habían aumentado de $300 millones a $2,4 billones. La falta de control lleva a pensar que era un inepto o un avispado, y si además se suma la ineficacia de los órganos de control, se ve como resultado un desangre en la salud. El sistema no está funcionando y el problema es que hay más preocupación por los ingresos de los dueños de las EPS que por la atención de la salud de los colombianos.

Son necesarias reformas, pero además mayor control, oficinas del Gobierno dedicadas a atender las demandas, leyes más fuertes a aquellos que infringen la ley y que se castiguen todas las partes, los funcionarios y los contratistas. Se necesitan leyes ejemplarizantes.

Esto es lo que ha aparecido hasta ahora, pero hay otros temas pendientes como la entrega de subsidios de vivienda a contratistas, la aprobación de construcción de viviendas en zonas de riesgo o construcciones más altas. Hay que caminar más rápido para terminar esta corrupción rampante.

 

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