Por: Cecilia Orozco Tascón

La Corte, presionada, elige a la topa tolondra

Presionada por servidores públicos con acceso privilegiado a los medios, y por reconocidos comentaristas que la espolean para que ande al ritmo de los intereses del poder político, la Corte Suprema citó a sus integrantes ayer, martes, con el fin de que eligieran, sí o sí, a siete de los candidatos a magistrados en reemplazo de quienes se retiraron por haber cumplido su periodo de ocho años (a la hora en que se escribe esta columna, no se sabe si lo lograron). El afán de los influyentes personajes en completar el número de miembros del plenario no tiene que ver con el bien común: no quieren acelerar el lento desarrollo de los procesos que se encuentran, hace años, bajo estudio de la corporación; tampoco piensan en que, una vez recompuesta en su totalidad, la Corte reflexione sobre reformas sustanciales a la justicia. La verdadera razón para despotricar de la Suprema porque no llena, rápido, sus vacantes es que con un menor número de togados se reduce el margen de manipulación externa sobre ellos puesto que la disidencia en la votación de solo uno o dos de los electores imposibilita los nombramientos de aquellos por los que hacen fuerza quienes necesitan satisfacer propósitos individuales. En particular, a los críticos de la Suprema les es indispensable poder incidir, de manera eficiente, en sus decisiones en momentos en que va a votar para elegir, también, al fiscal general, probablemente hoy, de la terna que en época de vacaciones decembrinas le envió el mandatario Iván Duque en contradicción consigo mismo pues había prometido que no lo haría hasta cuando llegaran los nuevos magistrados. No olvidemos, de otro lado, que en salas de ese alto tribunal está pendiente de resolución la situación penal del eminentísimo expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Y a él hay que tratarlo de forma diferenciada, ojalá sumándole unas togas amistosas. ¿Por qué no?

Resulta sospechosa o, al menos, poco majestuosa la avalancha de entrevistas del presidente de la Corte en cuanto diario se le atraviesa para urgir a sus colegas a elegir a los siete funcionarios judiciales con la prontitud que exigen el Ejecutivo y su bancada en el Congreso. El magistrado Álvaro Fernando García va, por ahí, repartiendo sonrisas como reina de belleza y repitiendo frases de relacionista público mientras insiste en que está “seguro” de que sus compañeros estarán a la altura de sus obligaciones refiriéndose, claro está, no a la independencia, el carácter y la distancia que esperamos de nuestros jueces, sino a su acoplamiento con los tiempos de las otras ramas del Estado. Resulta sospechosa la prisa que entró de repente en la agenda pública, apenas a dos meses de que termine el periodo del complaciente togado Ariel Salazar cuyos votos para cada una de las siete sillas vacías en la Corte y, especialmente, para seleccionar a quien heredará el inconmensurable poder de Martínez Neira, son irremplazables. Resulta sospechoso que casi nadie examine las calidades de los candidatos a magistrado del alto tribunal, que nadie averigüe si los criterios con que el Consejo Superior de la Judicatura elaboró las listas de los aspirantes fueron arbitrarios y plagados de clientelismo. Resulta sospechoso que lo importante sea elegir, no importa a quién, con tal de que el elegido sea manso.

Resulta sospechosa la inclusión en la terna presidencial para fiscal general de nombres que no le dan a la ciudadanía garantías de imparcialidad y autonomía en las investigaciones sobre los crímenes que se cometen en el país: Clara María González instruyó a Yidis Medina en cómo mentirle a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, en el primer proceso que enfrentó, en 2005, cuando el representante Germán Navas Talero la denunció por votar a favor de la reelección de Uribe Vélez, a cambio de puestos y contratos oficiales (ver); Camilo Gómez, subalterno incondicional del otro expresidente de la coalición gubernamental, Andrés Pastrana, podría encontrarse en situación similar a la de Martínez Neira con Odebrecht: Gómez fue apoderado y miembro de junta directiva de las empresas del emporio español de terminales marítimos TCB, de Ángel Pérez-Maura, uno de cuyos multimillonarios negocios, adjudicado por el gobierno Uribe, estuvo en el puerto de Buenaventura, Colombia, hasta cuando su aristocrático jefe fue relacionado con un soborno de 24 millones de dólares al expresidente Pérez Molina de Guatemala, nación que lo solicita en extradición. Pérez-Maura fue detenido en España hace seis meses por un segundo caso criminal, por delitos de cohecho, falsedad, encubrimiento e intento de desvío de la acción de la justicia (ver); y el tercer candidato de Duque, Francisco Barbosa, excompañero universitario del presidente, ¿cuántos impedimentos tendría que presentar por casos como los nuevos falsos positivos que ha conocido en su cargo de alto consejero de Derechos Humanos? Con su pobre perfil profesional no pretenderá que creamos que sería capaz de adelantar investigaciones garantistas cuando afecten al Ejecutivo del que hace parte.

Pero el atolondramiento nacional que no permite discernir sino sumarse al rebaño indica que lo correcto es elegir, sea como sea. Háganlo y aténganse a las consecuencias.

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2019-12-11T00:00:47-05:00

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2019-12-11T00:30:01-05:00

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