Por: Cartas de los lectores

La Corte ralentiza acuerdos

La Corte Constitucional declaró inexequibles dos literales del acto legislativo que habilitó el fast track: el que permitió que los proyectos fueran votados en bloque y el de la cláusula que impedía a los congresistas presentar proposiciones para modificar los acuerdos sin el aval del Gobierno. Los tratados internacionales y la ley de presupuesto son inmodificables en el Congreso. Este acto legislativo es esencial para terminar con una guerra fratricida de 52 años, es un acto especial y la Corte debe tomar decisiones según el momento y el interés nacional para finiquitar, en el menor tiempo, el terrible y costoso flagelo.

Tenemos una advertencia temeraria del Centro Democrático, en caso de ganar las elecciones presidenciales y contar con un buen número de congresistas: hacer “trizas” los acuerdos de paz. La Corte, con su fallo, vuelve lento el proceso porque faculta presentar proposiciones y esto alarga los tiempos. Lo estrictamente jurídico no puede estar por encima de lo político, derechos humanos y economía, que hacen viable un país en paz.

También busca la oposición continuar con el statu quo que impide reformar el agro, no actualizar el catastro rural y negar otra vez que los cultivadores de la tierra son los verdaderos dueños, junto a los necesitados, desplazados y víctimas del arrebato de 6,5 millones de hectáreas por los paramilitares. Preocupa que, en estos momentos de insoportable polarización, fomentada durante 15 años, el presidente Santos terne dos magistrados que están impedidos para votar en la constitucionalidad de los acuerdos de paz. El magistrado Bernal, por haber censurado el Acuerdo de Paz y contradecirse en cuanto a la teoría de la sustitución —referente a ésta dijo: “La teoría de la sustitución no es apropiada para evaluar la constitucionalidad de los mecanismos de justicia transicional”. En el fast track, la tuvo en cuenta—, y la magistrada Pardo, por intervenir en procesos de paz siendo secretaria jurídica de Palacio. Tampoco es apropiado que dos magistrados auxiliares estén votando por magistrados titulares estas importantísimas normas. El clientelismo tiene que erradicarse, máxime en las altas esferas. Tranquiliza que las nuevas modificaciones sin el aval del Gobierno deben mantener la conexidad con el Acuerdo de Paz, que la Corte ha validado el resto del fast track, luego el presidente puede decretar normas con fuerza de ley y las reformas constitucionales se aprobarán en cuatro debates. La lentitud en la implementación de los acuerdos por parte del Gobierno y el fallo de la Corte Constitucional han puesto a la guerrilla en asamblea permanente, lo que obliga a un diálogo entre presidente y jefe de las Farc. La Constitución le da pleno poder al presidente para orientar e implementar con celeridad lo acordado y firmado en materia de paz.

Ómar León Muriel Arango. Medellín.

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