Por: Yesid Reyes Alvarado

La Corte Suprema antes de 1991

En su columna del pasado lunes, Natalia Springer atribuyó al sistema político la principal responsabilidad por los reproches de clientelismo e inoperancia que se hacen a la administración de justicia.

Sitúa el origen de esa nefasta influencia en la Constitución de 1991, pero no porque allí se haya previsto la participación de las altas Cortes en la elección de algunos funcionarios, ni porque se haya dispuesto que el Congreso tomara parte en la selección de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. A su juicio, el problema radica en que el nuevo régimen dotó a la administración de justicia de herramientas e instituciones que la empoderaron, convirtiéndola así en un botín apetecible para la clase política; en apoyo de su tesis afirma que la anterior Corte encarnaba “una justicia generalmente mansa, que no incomodaba”, con un control constitucional limitado y sin cuestionamientos de fondo al ejecutivo como lo demostraría, por ejemplo, el hecho de que no hubiera censurado el ininterrumpido Estado de Sitio en el que la nación estuvo sumida durante décadas.

Creo que esas afirmaciones no consultan la realidad, porque muchas providencias de esa Corte la erigieron como un poder real capaz de operar como un contrapeso eficiente a las otras ramas del poder. No solo impidió que entrara en vigencia la reforma constitucional impulsada por el presidente Turbay (quien intentó desconocer la sentencia expidiendo una norma que modificaba el quórum decisorio en la Corte), sino que hizo lo mismo con la tramitada por López Michelsen, uno de los mejores constitucionalistas que hemos tenido. En ambos casos dijo ese alto Tribunal que tanto el ejecutivo como el legislativo estaban sujetos al imperio de la Ley incluso para reformar la Carta Política.

Pese a que la Constitución de 1886 permitía que durante el Estado de Sitio la justicia penal militar juzgara a civiles, esa Corte lo prohibió mediante una ingeniosa interpretación del artículo que confería esa potestad; quizás hoy se vea como algo de poca monta, pero en su momento fue una de las decisiones que más controversia generó en el país porque algunos la vieron como una excesiva limitación a las atribuciones de que disponía el ejecutivo para combatir las causas de los estados de excepción. Por cierto, fue esa Corte la que comenzó a limitar las facultades legislativas de las que disponía el gobierno en Estado de Sitio, al señalar que los decretos expedidos al amparo de esa figura debían guardar relación directa con las razones por las que se había declarado turbado el orden público; mediante ese control material (no simplemente formal) se consiguió ponerle límites a la legislación excepcional expedida por el Ejecutivo.

Si a estos ejemplos se suman las determinaciones adoptadas a favor de la igualdad de derechos para los hijos extramatrimoniales, el control constitucional previo de los tratados internacionales y su empeño en aplicar el mecanismo de la extradición pese a las amenazas que por esa labor recibieron del crimen organizado, resulta difícil sostener que se trataba de una Corte mansa, sin posibilidad de servir como contrapeso a las otras dos ramas del poder.

 

 

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