La Corte y los desplazados: ¡No hay derecho!

En días recientes la Corte Constitucional causó enorme daño a los colombianos.

Tumbó la Ley 1152 (Estatuto de Desarrollo Rural) argumentando que no había sido consultada con las minorías étnicas. Ante una decisión tan reñida entre los mismos magistrados, cabe preguntarse hasta qué punto influyeron las posturas políticas. Dirán que fallaron en derecho. La verdad es que ¡No Hay Derecho!

Al tumbar la Ley 1152, la Corte revivió el Incoder corrupto, ineficiente y politiquero del pasado. Ese Incoder lleno de vicios, negociados y tapados que con la Ley 1152 el Gobierno había logrado sepultar. Aquel Incoder que, como olla podrida, heredó los mismos vicios de los extintos Incora, Inat, DRI e INPA: compra de tierra mala a precios de tierra buena, cobro de comisiones a los dueños de la tierra, desgreño con la infraestructura de riego y pesca, proyectos productivos de papel, etc.

Al Gobierno no le quedará otro camino que liquidar la entidad. Vaya paradoja: al revivir el Incoder la Corte lo terminó de liquidar.

Con la caída de la Ley 1152 se revive la Prescripción Adquisitiva del Dominio en Materia Agraria. Figura introducida por la Ley 200 de 1936, cuando el gobierno de López Pumarejo buscaba estimular la colonización de la frontera agrícola colombiana. Figura que se desdibujó en el tiempo y terminó siendo utilizada por los ‘paras’ para quitarles la tierra a los campesinos.

La figura dice lo siguiente: si alguien llega a un terreno, de buena fe considera que es baldío (no encuentra mejoras, semovientes, infraestructura, etc.) y lo explota productivamente, al cabo de cinco años puede solicitarle a un juez que le conceda el dominio sobre ese territorio. Esta figura, que tenía todo el sentido del mundo en 1936, fue aprovechada por los ‘paras’ para hacerse a enormes cantidades de tierra: llegaban a una parcela, expulsaban al campesino, imponían allí a un tercero y al cabo de cinco años le exigían a un juez el derecho de propiedad sobre dicho territorio invocando la famosa Prescripción Adquisitiva del Dominio en Materia Agraria, figura que la Corte ha revivido tumbando la Ley 1152.

Más aún, la 1152 otorgaba facultades a los jueces para romper con el principio de cosa juzgada si se demostraba que dicha figura había sido utilizada con intimidación y violencia para quitarle la tierra a un campesino. Facultad innovadora y progresiva a favor de los desplazados de Colombia, que la Corte Constitucional terminó eliminando junto con la Ley 1152.

Además, con la decisión de la Corte se pierde el rango legal que la Ley 1152 les había otorgado a todas las herramientas de protección a desplazados plasmadas en el Decreto 2007 de 2001. Un decreto no es suficiente protección para ellos. La Ley sí lo era.

Finalmente, al caerse la Ley 1152 deja de ser obligatorio para el Gobierno trasladar al Fondo Nacional de Reparación de Víctimas todas las tierras que el Estado logra quitarle a la mafia y que están en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Es decir, con la caída de Ley, la DNE podrá hacer lo que se le dé la gana con las tierras que, en justicia, deberían ir a reparar a las víctimas del desplazamiento terrorista.

Todo esto porque supuestamente las minorías étnicas no fueron consultadas sobre un Estatuto de 178 artículos, de los cuales ¡sólo 10 tocan el tema indígena y afro! Son 10 artículos que se replican de leyes anteriores y ¡sin cambios de fondo! Ni la Ley 21 de 1991, ni la Ley 70 de 1993, el núcleo de protección a comunidades indígenas y negras, fueron tocadas.

Tanto así que las comunidades afrocolombianas sí se sintieron consultadas y no lesionadas con la Ley, como lo muestran varios documentos que la Corte desatendió sin justificación. Pero no hay peor sordo que quien no quiere escuchar. Cuando a las comunidades indígenas se les quiso consultar, algunas respondieron con un portazo al Gobierno.

Y la Corte tampoco quiso escuchar. Tumbó toda la Ley, causando enorme daño a Colombia. Daño enorme porque revive una entidad corrupta. Daño enorme porque de un plumazo borra el más grande y progresivo avance en protección al desplazamiento. Daño enorme porque no priorizó el interés general de los colombianos y los desplazados. ¡No hay Derecho!

 

 Andrés Felipe Arias.  Ex ministro de Agricultura.  Bogotá.

Sobre un comentario

Me refiero al comentario del señor Jorge Hernán Abad Cock, del pasado domingo 12 de abril de 2009, en Cartas de los Lectores. Lo hago porque conozco y aprecio la idiosincrasia paisa, que es orgullosa de sus logros y cultura; también, porque sé que el señor Felipe Zuleta Lleras no necesita que lo defiendan; él se defiende solo. Me atrevo a escribir estas líneas porque está haciendo carrera en nuestro país que cualquier discusión, importante o superflua, deriva en señalamientos y descalificaciones personales. Mi invitación es a debatir argumentos y no personas. Los argumentos, en una discusión dialéctica, se pesan con otros argumentos; es natural en personas civilizadas. Si nos referimos al argumentador, probablemente caigamos en la agresión verbal y sabemos cuán próxima está de la violencia, que no es propia (creo) de personas civilizadas.

 Víctor López Erazo. Popayán.

 

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.

 

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