La crisis de Ciudad Kennedy y el déficit de naturaleza

Por: Henry Garay Sarasti*

Una de las tareas inmediatas que nos deja la crisis sanitaria, es la de sortear los problemas agravados de pobreza, salud, empleo y producción económica, sin agudizar otras crisis como los déficits fiscal y de naturaleza. Ante la condición de fuerza mayor de dimensiones nunca vistas de esta pandemia, no sorprende el rápido consenso sobre saltarse la Regla Fiscal para hacerles frente a sus consecuencias. Sin embargo, es importante asegurar que el gasto público sea productivo, distributivo y ambientalmente responsable.

Esta crisis ha evidenciado otro déficit, que se puede incrementar si ese gasto público no toma en consideración algunos aspectos sociales y ambientales. Se trata del déficit de naturaleza, cuyo origen conceptual se remonta a los años 60, cuando se identificó como un síndrome que inicialmente se estudió en los niños de esa época, dio por resultado alteraciones de comportamiento inducidas por los entornos urbanos construidos bajo criterios de maximización del uso del suelo. Este criterio ha venido privando espacios verdes a muchas zonas urbanas de grandes ciudades en el mundo.

El síndrome de déficit de naturaleza se asocia a problemas sociales tan comunes como violencia urbana y el vandalismo, la inseguridad ciudadana, el stress y la desconfianza cívica generalizada. La existencia de este déficit en algunas zonas de la ciudad es además un reflejo de la pérdida de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano, tales como la regulación de la calidad del aire y la temperatura.

Los recientes anuncios del ministro de vivienda, el Dr. Jonathan Malagón González, sobre la contribución del sector a la reactivación económica y simultáneamente, al logro de objetivos sociales, se fundamenta en un programa de construcción de vivienda. Según el ministro, el programa está diseñado para implementarse exclusivamente con vivienda “nueva” y no usada por dos razones fundamentales. La primera, debido a que con la vivienda nueva se generan más empleos frente a la alternativa de vivienda usada; y adicionalmente, la vivienda nueva permite reducir la posibilidad de fraude por venta entre familiares. El impacto de este tipo de programas al déficit fiscal es obvio, inminente y asimilable, siempre que genere esos beneficios sociales argumentados y, de manera muy importante, que no contribuya al deterioro de la calidad de vida de las ciudades, reduciendo indicadores de espacio público efectivo (“Espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”. Documento CONPES 3718) y de los servicios ecosistémicos que la soportan, agudizando el déficit de naturaleza.

El déficit de naturaleza, no se distribuye espacialmente de manera regular en una ciudad; por el contrario, suele reflejar el grado de segregación al interior de la misma.

Con la pandemia hemos aprendido sobre la importancia del espacio público para prevenir el contagio a través del distanciamiento social como estrategia. De igual manera, el espacio público verde contribuye a mejorar la salud mental de la población y, de paso, la posibilidad de un distanciamiento social más efectivo.

El 28 de mayo, Bogotá registraba el 33 % de los contagios de todo el país. Su distribución espacial es irregular. El 60 % de los contagios se registran en tan solo cinco de las 20 localidades de la ciudad (Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar). Sobresale Kennedy, con el 25 % de los contagiados de la ciudad.

Desde el punto de vista poblacional, las localidades de Bogotá con mayor concentración de población joven entre los 15 y los 29 años, a quienes se les dificulta aún más cumplir con el aislamiento obligatorio, son: Suba, Kennedy y Engativá, donde habita el 40 % de esta población.

En términos de Espacio Público Efectivo, Kennedy registra el más bajo índice de las tres con 3,51 m2/hab, y muy por debajo de Teusaquillo que cuenta con 12,08 m2/Hab, según el Observatorio del DADEP para 2017, sugiriendo una alta densidad que raya en el hacinamiento.

Es posible que esta condición esté siendo estimulada por el gasto público. La política de vivienda en Bogotá para el año 2015 concentró el 83,74 % de viviendas de interés prioritario en tres localidades, entre las que estuvo presente Kennedy, de acuerdo con la Secretaría del Hábitat (Bosa con el 42,25 %, Kennedy con el 21,09 % y Usme con el 20,40 %).

De lo anterior se desprende la recomendación al Ministerio de Vivienda de incorporar, en su política y estrategias, criterios como el impacto en los índices de Espacio Público Efectivo y Espacio Público Verde, para que el déficit fiscal inevitable pero asumible, no nos dispare el déficit de naturaleza, propiciando mayor vulnerabilidad ante pandemias y crisis climáticas.

La pandemia nos deja una lección para la planificación de nuestras ciudades. Esta debe ser con horizontes de largo plazo y evitando la segregación. No podemos continuar favoreciendo el crecimiento indefinido de nuestras ciudades, a costa de la calidad de vida y salubridad de los ciudadanos. La política de vivienda debe estar supeditada a la planificación de las ciudades e incorporar criterios adicionales al de suelo más barato. Criterios como espacio público efectivo, cobertura vegetal, espacios verdes y finalmente, distancia a los centros de trabajo, contribuyen a optimizar la ocupación del territorio, mejorando la calidad de vida y favoreciendo la transición hacia ciudades sostenibles y resilientes, como lo señala el ODS 11 que hemos adoptado.

* Director de EcoNat Ltda.