Por: Cartas de los lectores

La crisis de la justicia

Para no ir muy lejos, en los últimos siete años el presupuesto de la Rama Judicial registró una participación promedio del 1,54 % en el Presupuesto General de la Nación y fue deficitario en un 35 % respecto a la necesidades reportadas por el Consejo Superior de la Judicatura al Gobierno, para un faltante real acumulado de 13 billones de pesos. La falta de recursos suficientes y la creciente demanda de servicios no permiten que la función pública de administrar justicia sea cumplida, eficiente y eficaz, y conducen a la congestión, atraso y mora judicial.

Por supuesto, se han expresado otras hipótesis para explicar este fenómeno, como los mecanismos procesales inadecuados, las prácticas dilatorias de las partes y la negligencia de los funcionarios judiciales. Estas apreciaciones han conducido a la adopción de esquemas extraños a la tradición jurídica colombiana, como la oralidad, y al establecimiento de controles cuantitativos de la gestión de los funcionarios, quienes al tratar de cumplirlos, sacrifican la calidad de las decisiones. No obstante estos esfuerzos, el problema real de la justicia persiste por las acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad de la administración, que posibilitan comportamientos como el de “engavetar” procesos y la aparición de intermediarios para agilizarlos y garantizar decisiones, como así lo indican los escándalos recientes.

Plantear una “reforma estructural, integral, de largo aliento” mediante la eliminación de las funciones electorales de las cortes, la creación de un tribunal de aforados, la revisión del pénsum de los programas de Derecho y la disminución de los términos procesales no resuelven el problema de fondo: la relevancia secundaria de la justicia dentro de las políticas públicas, reflejada en la baja participación en el Presupuesto General de la Nación. La inobservancia de los términos procesales por la congestión, atraso y mora judicial no asegura la integridad de un orden político, económico y social justo, y produce desconfianza en quienes acuden ante los jueces, promueve sentimientos de impotencia para hacer valer sus derechos, fomenta el fenómeno de impartir justicia por propia mano y conduce a una profunda deslegitimación del Estado. “Así, es la paz social la que está en juego cuando los conflictos no pueden ser resueltos por los medios pacíficos que el sistema jurídico ha previsto”, como bien lo expresa la Corte Constitucional.

José Antonio Durán Ariza. Doctor en Derecho, U. Externado.  M.A. Economía, U. Houston.

Envíe sus cartas a [email protected].

Buscar columnista

Últimas Columnas de Cartas de los lectores

Que pare el asesinato de los líderes sociales

Dos cartas de los lectores

Que sea en serio