Por: Columnista invitado EE

La crisis de la Justicia: dictadura judicial en la cumbre

Por: Ricaurte Losada Valderrama

La justicia es un bien supremo, un fin esencial del Estado, una necesidad social e individual imperiosa, un requisito indispensable de convivencia y un valor superior. Al contrario, la injusticia genera ilegitimidad del Estado, desequilibrios, desazón, inarmonía, confusión y conflicto y, en un mayor estadio, violencia y guerra. Por ende, entre los males de la sociedad colombiana este es uno principalísimo.

Después de varios intentos llevados a cabo antes de la Constitución vigente, así como luego de ella, los problemas angustiantes de la justicia no se han solucionado. Al contrario, se han agravado, en razón a que las decisiones políticas en unos casos no lo han permitido, y en otros, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales las reformas en materia de justicia.

Por eso, la primera decisión que debe tomarse es hacer posible la enmienda a través de una asamblea constituyente, pues no es fácil que el Congreso se despoje de sus atribuciones y que los poderes establecidos lo permitan.

Al comienzo del gobierno del presidente  Duque se presentó  un proyecto con reformas esencialmente adjetivas, que aun así no se aprobó y que no resolvían la mayoría de los problemas de fondo de la justicia, entre otros motivos, porque siempre se busca consensuarla con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cuando a estos organismos hay  que escucharlos para conocer su opinión y aprovechar su conocimiento y experiencia, conveniente y necesaria para conseguir una pronta, recta y cumplida justicia, pero no para acordarla con ellos, en razón a que no van a ser partidarios de que se les supriman  prerrogativas y privilegios.

Lo propio sucederá con el borrador que ahora ha llevado la ministra de Justicia al Senado y que luego, como ha anunciado, dará a conocer en la Cámara de Representantes.

Entre las más urgentes e inaplazables reformas constitucionales que se le deben introducir a la Rama Judicial y a la administración de justicia se encuentran  poner límites al poder desbordado de la Corte Constitucional, determinar en la Carta Política su dirección y administración, suprimir las funciones electorales de las Cortes y del Consejo de Estado y asignar juez real a sus magistrados,  racionalizar el uso de la tutela, fortaleciéndola, no disminuyendo sus alcances, quitarle la función judicial al Congreso y establecer límites al poder sin controles reales del fiscal general de la Nación.

A nivel constitucional, por lo menos estos cambios hay que hacer sin más dilaciones, pues los colombianos no podemos ser tan caraduras, dejando sin respuesta efectiva casos de tanta corrupción y, tan degradantes, como el del cartel de la toga.

Por vivir el país lo que no es exagerado denominar dictadura judicial en la cumbre y encontrarse la justicia carcomida por la corrupción y la politización, el derecho se aplica de manera desigual, selectiva y caprichosa, de acuerdo con intereses de distinto orden y a circunstancias de poder, conveniencia y coyuntura.

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