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Por: Hernán González Rodríguez

La crisis institucional

Pienso, desde hace décadas, que el principal obstáculo para nuestro progreso acelerado radica en la ineficacia de nuestras instituciones públicas. "Las diseñamos para que no funcionen".

"Las diseñamos para que los ciudadanos inescrupulosos y sus abogados se lucren de sus desaciertos". Considero tal situación como un obstáculo superior y anterior, incluso, al nacimiento del narcotráfico. Estimo que si hubieran sido ellas bien concebidas desde el siglo pasado no habría enraizado tanto el narcotráfico. Pero resultaron ser algunas de tales instituciones tan ideales, tan garantistas, tan retorcidas, tan lentas… que por esto se encuentran hoy totalmente desacreditadas.  

La Justicia nos ofrece el mejor ejemplo de lo anterior. La Corte Suprema de Justicia ostenta hoy el dudoso honor de haber privado al país de sus poderes legislativo y ejecutivo. Porque no puede avanzar ningún poder ejecutivo sin apoyarse en un legislativo. Harto difícil explicarle a la Historia que tal Corte encarceló a numerosos congresistas con base al testimonio de reconocidos criminales, ya condenados, a quienes les ofrecieron rebajas de penas y demás beneficios por inculpar a políticos honestos.  "Vaya la justicia y la moral de las que se jactan algunos desacreditados magistrados".

Es posible que contra ciertos "parapolíticos" existan cargos graves por secuestros, asesinatos, desplazamiento de campesinos para comprarles baratas sus tierras... pero me inclino a pensar que son ellos una minoría. Reunirse con un alzado en armas no siempre puede considerarse un delito atroz. La Justicia no se puede aislar de las circunstancias.  Andrés Pastrana y Piedad Córdoba también se reunieron con las Farc y ambos derivaron de ello beneficios políticos.

La Constitución del 91 prostituyó nuestra justicia con una tutela mal reglamentada.  Cualquier pleito puede llegar a padecer un viacrucis con seis estaciones. En los primeros tres pasos se salta de los jueces, a los tribunales y a las altas cortes. Pero si alguna de las partes le desagrada el veredicto, puede recomenzar con una tutela, con otros jueces, otros tribunales y, de nuevo finalmente, terminar en las altas cortes.  

Una justicia tan dilatada es una estupidez vergonzosa. El país requiere inversionistas extranjeros, firmas de ingeniería para ejecutar obras de infraestructura... pero con semejante insensatez jurídica, casi nadie se atreverá a elegir a Colombia para sus actividades. El sistema judicial nuestro dificulta nuestro desarrollo económico.

La Constitución del 91 desquició nuestra ya débil Justicia. Un ejemplo. Si mal no entiendo, puesto que no soy abogado, en este momento existen cinco instituciones con  igual autoridad legal: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía. Un gallinero con cinco gallos, con frecuencia enzarzados entre sí. Esto era de esperar.

Sobre nuestras instituciones judiciales también revolotean hoy las mismas suspicacias sobre la infiltración de los dineros del narcotráfico, sus contactos no tangenciales con los paramilitares, sus frecuentes fallos sin rigor jurídico, las declaraciones de criminales comprados a cambio de una reducción de penas, la evidente politización de algunas de ellas contra el Ejecutivo... Los ciudadanos del común no podemos solidarizarnos en estas sombras. Solicitamos más transparencia y menos retórica.

 

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