Por: Alejandro Gaviria

La crisis y sus protagonistas

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL PREsidente Uribe y la Corte Suprema tuvo esta semana un nuevo capítulo, una nueva ronda de imprecaciones de lado y lado en la forma de comunicados de prensa y alocuciones televisadas en horarios inéditos.

El enfrentamiento parece haber entrado en una nueva dinámica de refuerzo mutuo en la cual los excesos de la Corte alientan los del Presidente y viceversa. La Corte se extralimita porque sospecha que el Presidente hace lo propio. Y el Gobierno se extralimita porque cree que la Corte hace lo mismo.

“El juez británico, bajo su exquisita peluca, ¿en qué piensa cuando envía un hombre a la horca? ¿En la justicia, en la eternidad y en cosas serias? ¿O acaso se pregunta en cómo se las podrá arreglar para que lo elijan miembro del Jockey Club?”, escribió Truman Capote en su última novela. La frase viene al caso pues nos invita a dudar de las motivaciones de los jueces y de todos quienes dicen defender la democracia, la civilización o la moral.

La Corte Suprema dice estar defendiendo las instituciones, pero sus pronunciamientos, leídos ante las cámaras en tono adusto, dejan entrever intenciones nimias, motivos pequeños, rencillas antiguas, desquites con nombre propio, etc. Yo no creo, como insinuó el presidente Uribe, que la Corte sea uno de los últimos reductos del terrorismo. Pero tampoco es, como afirman algunos, un bastión de la justicia y la moralidad. La Corte parece estar motivada por nimiedades, por odios personales, por pequeñeces similares a las descritas por Truman Capote con inocultable cinismo.

El Presidente, por su parte, pretende convertir a la opinión pública en el juez de última instancia de este conflicto. El Gobierno está en todo su derecho de señalar los sesgos de la Corte y denunciar sus excesos o mentiras. Pero convocar un referendo para dirimir un conflicto institucional es equivocado: devalúa los mecanismos de participación, distrae las prioridades y confunde la popularidad con la legitimidad.

Paradójicamente, el Congreso, la rama del poder público más vilipendiada, tiene ahora la responsabilidad de ser el árbitro de todo este lío. El Congreso debe decidir la suerte del referendo. Debe asimismo definir la responsabilidad del Presidente. Y debe igualmente determinar la legalidad de las últimas actuaciones de la Corte Suprema.

Es difícil anticipar el desenlace de los acontecimientos de los últimos días. Por ahora, mientras las consecuencias se dilucidan, conviene, creo yo, mantener cierta distancia escéptica, contribuir a bajarle el rating al reality de la política. Desde la perspectiva adecuada, desde la distancia que dan los años, los enfrentamientos entre las facciones y los personajes de la política siempre lucen menos importantes de lo que muchos protagonistas y observadores creyeron en su momento. En retrospectiva, los titulares lucen desproporcionados y las declaraciones, exageradas. Yidis Medina, me atrevo a pensar, no pasará a la historia.

Sin embargo, muchos comentaristas y dirigentes políticos anuncian la catástrofe y señalan el fin de la democracia o de las instituciones. Su exaltación contribuye a la retroalimentación de insultos, a la superposición de odios que parece ser la característica más saliente de esta nueva crisis. Ojalá la Corte deje de lado sus rencillas y el Gobierno desista de la idea extraña del referendo. Mientras tanto me declaro indiferente, casi desentendido de todo este asunto. “Es cierto, para desgracia nuestra, que las cosas no marchan como debieran —escribió el poeta Cavafis—. ¿Pero qué hay humano que sea perfecto? Y después de todo, mirad, seguimos adelante”.

agaviria.blogspot.com

 

 

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