Por: Salomón Kalmanovitz

La cuestión agraria, de nuevo

El Gobierno ha reabierto el debate público en torno al ordenamiento de la propiedad de tierras rurales. Se trata de un tema crucial para tres millones de ciudadanos que insisten en seguir cultivando el campo, como lo han hecho por centurias. El problema de fondo es que nunca fueron considerados como ciudadanos por las elites que monopolizaron la tierra; por lo tanto, no tuvieron derechos de propiedad a los suelos que colonizaron y cultivaron. El conflicto reciente exacerbó la desigualdad pues facilitó el desplazamiento de millones de familias campesinas. En efecto, el Gini de tierras que era de 0,86 en 1970 alcanzó a 0,91 según el Censo Agropecuario de 2014: 0,2 % de las explotaciones son dueñas del 72 % de la superficie, donde varias de ellas pueden ser de un mismo dueño.

Un político y terrateniente notorio es Álvaro Uribe, cuya hacienda El Ubérrimo cuenta con 1.150 hectáreas, muy cerca de Montería. Es tierra fértil que en esa zona alcanza cotizaciones de $28 millones por hectárea. La propiedad se acerca entonces a valer $32.200 millones; no se sabe si es explotada intensivamente. Hace varios años traté de averiguar el impuesto predial que pagaba el expresidente a la ciudad de Montería y lo único que pude averiguar fue que el aporte de todos los predios rurales al municipio era irrisorio. Lo cierto es que la ciudad está muy agradecida por un puente que su administración construyó sobre el Rio Sinú y valorizó al Ubérrimo. Tampoco se conoce si el senador pagó impuesto de guerra que él mismo hizo aprobar cuando fue presidente y que después se tornó en impuesto a la riqueza.

La Contraloría cuestionó recientemente que, de esa hacienda, 150 hectáreas habían sido baldíos entregados a campesinos quienes no podían venderlas; el senador tuvo que admitir que posiblemente debería devolver o recomprar esa extensión. Además, la familia Uribe es dueña de otra hacienda en Antioquia, llamada Guacharacas, que tiene una extensión de 2.000 hectáreas, divididas por el Rio Nus, más alejada de grandes centros urbanos, pero igualmente muy valiosa. Su primo, Mario Uribe, hoy en la cárcel, iba detrás de los paramilitares que aterrorizaban a campesinos para comprarles barato sus posesiones; así también, miles de empresarios violentos se lucraron del conflicto, agravando la desigualdad.

Lo que quiero resaltar es que Álvaro Uribe representa intereses que se oponen a cualquier cambio en la legislación agraria, sobre todo a una jurisdicción de tierras que falle sobre aquellas en disputa. También se opone al catastro multipropósito que permita cobrar impuestos justos que ayuden al desarrollo de los municipios en donde prosperan esas enormes propiedades.

La propuesta del Gobierno introduce los jueces de tierras que oirán a todas las partes en disputa y fallarán en derecho, protegiendo la propiedad privada de todos. Según Gloria Barney, se da “el reconocimiento de las actividades de la economía del cuidado como hechos positivos constitutivos de ocupación y posesión son un avance importante que es necesario concretar en mandatos precisos”. La propuesta no define bien la Unidad Agrícola Familiar e introduce la posibilidad de entregar baldíos a las sociedades jurídicas, lo cual resta del inventario de tierras que puedan ser entregadas a campesinos. Hay que aclarar que, sin un catastro moderno, ni el propio Estado conoce qué tierras le pertenecen.

 

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