Por: Eduardo Barajas Sandoval

La cuota civil de la impunidad

La pasividad ciudadana contribuye en grado importante al imperio de la corrupción. La costumbre de defraudar al estado, que surge de una sociedad en la que los valores morales se han desdibujado para dar campo al todo vale, encuentra complemento perfecto en la indiferencia de esa misma sociedad.

Las noticias del éxito económico de los sectores más poderosos llegan a producir un entusiasmo que anula cualquier dolor por el asalto a las arcas públicas que son patrimonio de toda la comunidad. En una cosa sí parecen coincidir salteadores y ciudadanos: el Estado es cosa ajena, cuyo bienestar sólo les interesaría a quienes se han metido en la aventura de administrarlo.

El control del funcionamiento del Estado, y de la administración de sus recursos, no corresponde solamente a los famosos organismos establecidos formalmente para tales efectos. Ya el hecho de que, por lo general, y en todas las instancias, los gobiernos puedan darse el lujo de tener amigos a la cabeza de los entes controladores, constituye una falta de garantías sobre la capacidad de estos últimos para hacer bien el oficio. La comunidad tiene en este campo derechos y obligaciones, que puede tramitar tanto en el terreno formal de las denuncias y reclamos, como en el de la sanción política y moral, que cuando no se ejerce se convierte en uno de los elementos más importantes del caldo de cultivo de la corrupción.

Los indignados por la insuficiencia del Estado y las manipulaciones de la clase política, para no hablar de los abusos de los operadores de las herramientas económicas, han llenado plazas en diferentes países, en ejercicio de un derecho, y de una obligación, que nada tiene que ver con la subversión ni con algún compromiso antisocial. Por el contrario, los miles de mujeres, hombres, ancianos y niños, que se han manifestado por ejemplo en Madrid y en Barcelona, aunque no tengan ni lleguen a tener una organización política de formato tradicional, son nada menos que la expresión espontánea de una sociedad viva, alerta e interesada en su destino, que sale lo mismo a protestar contra las acciones de ETA y contra todo aquello que pueda constituir un asalto al bienestar común.

Imaginemos las proporciones de la reacción en esas y otras ciudades del mundo que se reclama democrático ante el anuncio de hechos de corrupción como los que se han convertido recientemente en cascada de noticias en el ámbito colombiano, donde si a alguien se le ocurre decir que los dineros públicos son sagrados, se le mira como a una fiera de otro tiempo, desactualizada respecto de las costumbres y habilidades de ahora, o su reclamo se estima como una más de las argucias de campaña electoral, de esas que son vacías y a las que no hay que poner mayor atención.

En nuestro medio nadie parece indignarse, por ejemplo, por el anuncio de que se han robado cuantiosas cifras de los dineros del IVA, que pagamos todos por igual, a toda hora y en todas partes, por cualquier actividad privada que desarrollemos y que implique compra de la más amplia gama de bienes y servicios en nuestra vida cotidiana. Que forma parte del precio. Que sale de nuestro bolsillo de ricos o pobres exactamente en la misma proporción. Que afecta nuestra condición económica personal y la de nuestra familia más cercana a cambio de que esa contribución sirva para que el Estado cumpla con sus funciones y nos retribuya, con nuestro dinero, en toda una serie de beneficios generalizados.

Aquí nadie reclama, y el nivel de molestia no sale de las conversaciones entre amigos, en una Colombia que habla de estos temas en voz baja, como si la dictadura de la corrupción le fuese a escuchar y a ejercer sobre ella su poder de represión. Las encuestas, que miden el estado de ánimo de la gente en muchos aspectos, poco se ocupan del tema. El mal ejemplo cunde y no existe conciencia de la responsabilidad pedagógica que tienen los funcionarios. Cuando más, ahora todo el mundo queda contento con los trinos, que a la manera de telegramitas que más parecen cadenas de chistes cortos, reemplazan las denuncias, la asunción de responsabilidades políticas, los debates y las argumentaciones de verdad.

Los delincuentes de cuello blanco ya saben que lo peor que les puede pasar es que los manden un tiempo a la cárcel, para que luego de unos años, y de unas medidas conmiserativas que se han inventado para aliviar su castigo, pueden salir a disfrutar de lo que sea, sin que nadie les reproche. Y aún con la posibilidad de que se les admire por su ingenio, o se les tema por lo mismo y se les deje en paz. Si no es que a alguien se le ocurre compadecerlos, en una sociedad que ha perdido el rumbo moral y que, al ver tantos malos ejemplos se ha acostumbrado a una cierta forma de “normalidad” que ya comienza a caracterizar a un país que no se merece semejante grado de envilecimiento.

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