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La deconstrucción (II): su financiamiento

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En la columna anterior expuse cómo la estrategia de “deconstrucción” quiere imponer un nuevo modelo de Estado mediante la “revolución molecular disipada”, basada en crear acciones horizontales que generen, gradual y cotidianamente, conductas para alterar la normalidad social del sistema político actual, con el fin de derogarlo. Para esto requieren células que, actuando sincronizadamente, produzcan la desestabilización y el copamiento de la fuerza pública.

En el caso colombiano ha sido evidente la acción de células urbanas del Eln, las Farc, JM-19 y su coordinación en la operación, que aprovechando la legítima protesta pacífica hacen vandalismo simultáneo en decenas de puntos. Estas milicias necesitan dinero para operar y es aquí donde entran el narcotráfico y sus verdaderos dueños.

La coca es un negocio altamente concentrado: en el 5 % del territorio del país se encuentra el 62 % del problema. Un índice de GINI de 0,89 muestra que tiene una altísima concentración en grandes productores. UNODC menciona que el 55 % de los campesinos venden hoja de coca y el 44 % procesan la pasta. El nivel de ingreso promedio de una unidad de producción agrícola de coca es de cerca de $860.000/mes/hogar. De cada kilo de clorhidrato, solo entre el 14 y 16 % es para la remuneración a campesinos; significa que su participación en la renta del negocio es mínima. Por cada unidad pagada de hoja de coca, el valor escala entre 15 y 46 veces en el mercado nacional y 236 veces en el internacional. La gran renta NO se queda en el campesino, sino en la cadena de los dueños de los complejos cocaleros, financiadores, proveedores de insumos, pero sobre todo en grandes comercializadores, narcotraficantes y estructuras criminales.

El negocio NO está en la producción, está en la cadena, la cual es controlada por economías ilegales y el eslabón débil es la economía campesina. A medida que se genera un copamiento de la zona con estos cultivos, como por ejemplo en los enclaves de Argelia, El Tambo, El Naya y Catatumbo, la actividad ilegal genera e invierte grandes recursos en el CONTROL SOCIAL total de la zona, mediante una cadena compleja y especializada, en la que participan habitantes, abarroteros, transportadores, autoridades, vendedores de insumos y combustible, quienes financian los mercados y provisiones de los campesinos, atándolos en ventas a plazo, con endeudamiento permanente, lo que afianza el CONTROL social y político del territorio, donde la oposición del líder social le cuesta la vida.

Estas estructuras criminales tienen negocios relacionados inmensamente rentables, como la minería ilegal, el contrabando, el microtráfico y el tráfico de armas, y pagar por el control social hace parte del costo de producir. Las economías criminales generan así una cadena perversa de control territorial y de financiamiento de actividades subversivas, incluidas las moleculares en las ciudades.

Como complemento facilitador hay un entramado judicial y de ONG que avanza impidiendo el actuar del Estado, prohibiendo la fumigación, el uso legítimo de las armas por los cuerpos de policía, desmoralizando la fuerza pública y generando un círculo tendiente a desestabilizar el sistema, de acuerdo con los líneamientos del Foro de São Paulo.

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