La defensa de territorios en el Cauca

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Las comunidades indígenas y afros del norte del Cauca están en contra del narcotráfico y de la minería ilegal porque destruyen y contaminan su territorio, erosionan sus cabildos, consejos comunitarios y autoridades, y frustran sus esfuerzos para lograr una buena vida. Ellos se ilusionaron con la desmovilización de las Farc, con quienes habían logrado negociar su supervivencia, pero desde entonces han visto cómo aumenta el genocidio por parte de la disidencia y las bandas rivales, sin que el Gobierno y la justicia puedan contenerlo y revertirlo.

La solución obvia es lograr que se coordinen las acciones de defensa territorial de las comunidades con las acciones de seguridad y de implementación de la paz por parte del Gobierno, pero lograr esa coordinación y sinergia positiva exige superar muchas barreras de desconfianza recíproca que se han erigido durante muchas décadas de estigmatización, rechazo y abandono estatal.

La experiencia, madre del conocimiento ancestral, enseña que la cantidad de soldados y policías en una situación de conflicto complejo no determina tanto el resultado como las alianzas encubiertas y los intereses de los comandantes militares y de policía, que pueden apuntar sus armas a favor o en contra de la comunidad local, según el entramado de poder en el que estén inmersas.

Ese entramado de poder, en el caso del norte del Cauca, está marcado por el temor de la élite gobernante al poder organizado de la minga indígena y los consejos comunitarios, que bloquean el territorio para exigirle sus derechos al Gobierno, muy bien expresado en la propuesta de la senadora Paloma Valencia de construir un muro que separe al Cauca indígena del Cauca presuntamente blanco y civilizado.

Pero la mayor dificultad para lograr la paz y seguridad territorial es lo que está ocurriendo en las fuerzas armadas, que no se logran ubicar frente al nuevo marco de violencia luego de la desmovilización de las guerrillas de las Farc. Después de haber cumplido una brillante tarea al proteger a los combatientes de las Farc en su proceso de desarme y reintegración, y luego de haber iniciado un cambio de estrategia de seguridad para acercarse a la protección de las comunidades víctimas de la violencia, y por tanto un cambio de aliados y adversarios, el gobierno Duque le entrega la conducción de la seguridad al representante histórico de los comerciantes, en camino de retiro, para quien son enemigos los que amenacen la libre empresa y la acumulación de capital, como las comunidades que defienden sus territorios y amenazan la circulación de las mercancías.

Los líderes sociales del norte del Cauca están completamente desconcertados porque sienten que el Ejército, que está desplegado en todo su territorio, está impasible ante la expansión de los cultivos y la circulación de hombres armados, no actúan frente a las amenazas contra ellos y no controlan el territorio. Esta inacción e impotencia son muy funcionales para que se extienda el terror como forma de control territorial y por tanto les abre la puerta, como ocurrió con el paramilitarismo, a los poderes mafiosos capaces de comprar complicidades, que a la larga destruyen el poder del Estado y ensucian lo que tocan.

P.S. Desde su primer libro en 1979, Los bombardeos en El Pato, del que fui coautor, Alfredo Molano Bravo fue el gran cronista del campesinado, la colonización y la violencia de Colombia. Sus lectores más fervientes fueron los coroneles y generales, de quien mucho aprendieron.

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