La descentralización en jaque (tras escena del crimen de Karina García)

Luis Carvajal Basto
09 de septiembre de 2019 - 05:00 a. m.

Un perfil en Facebook de la joven candidata del partido Liberal a la alcaldía de Suarez, un pequeño municipio del Cauca, nos puede contar de quien se trataba y como se veía: “Especialista en Contratación Estatal!!! Gracias a todos los que fueron parte de este logro. A mi mamá y a mi papá, infinitas Gracias por inculcarme toda la vida lo importante que es estudiar, sus palabras quedarán grabadas por siempre en mi mente "La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, es un título con que defenderse. La Educación debe ser nuestra mejor herramienta.”

Su asesinato, en realidad una brutal masacre, está directamente relacionado con su aspiración electoral y es, apenas, una muestra de lo que sucede en cientos de municipios de Colombia. La descentralización, un instrumento democratizador que ha pretendido mejorar la gestión del Estado, como Karina, se encuentra amenazada, pero no por cuenta del “centralismo devorador”; de alguna contrarreforma o del supuesto interés en “resucitar” la Constitución del 86, sino del desbordamiento de las pugnas por los presupuestos y la autoridad en las regiones, desatado por narcotráfico; corrupción y economías ilegales.

Aun inconcluso, el proceso descentralizador, que lamentablemente se ha quedado a mitad de camino, básicamente, por una débil participación ciudadana, corre riesgo de colapsar al convertirse en una olla de presión en la que leyes y “deber ser”, consagrados en la Constitución, se reducen, en la práctica, a buenos deseos, neutralizados por grupos corruptos y armados organizados, mediante la que hemos llamado “captura” de las instituciones del Estado, en alcaldías y gobernaciones.

La inminencia de las elecciones regionales ha recordado un problema de fondo en el sistema político ante el cual las instituciones apenas reaccionan: trasteo de votantes; amenazas a candidatos y electores; homicidios; compra de votos que se pagarán con “vigencias futuras” Etc., han deteriorado la política y la gestión pública; se han extendido como plaga.

Evidencias acumuladas por periodistas, medios, la Fiscalía, la procuraduría y la contraloría general, nos han mostrado la forma en que desde Bogotá ( carrusel de la contratación) hasta Buenaventura (con el record de 4 alcaldes presos), pasando por Cartagena, Florencia, Gigante, Puerto Colombia , y muchos otros lugares, han logrado poner en evidencia el “modelo de negocio”: recurriendo a cualquier medio esas mafias organizadas ganan las elecciones para luego cooptar, con contratos y dádivas o, “sencillamente” con amenazas y violencia, a los organismos encargados del control político y fiscal.

El históricamente llamado clientelismo, intercambio diádico de favores entre electores y elegidos, comparado con lo que hoy ocurre, confirma que “todo tiempo pasado fue mejor”, en relación a nuestra cultura política, antes de que narcotráfico y corrupción asociada la transformaran para mal.

La quimera de la descentralización que, en su momento, inspiró el acto legislativo 01 de 1986 y las reformas constitucionales, como una alternativa al excesivo centralismo, convirtió en feudos podridos a muchos gobiernos regionales y locales, regidos por “emperadores”, en los que la corrupción hace parte del paisaje. Hemos hecho tránsito de un sueño y anhelo popular a una verdadera pesadilla. El remedio, de nuevo, resultó peor que la enfermedad.

La reactiva respuesta del Estado debe ir más allá de soluciones fraccionadas para un problema de fondo que requiere, de ser necesario, una reforma Constitucional. ¿Golpe a la descentralización? ¿Atentado contra la democracia local? ¿Contrarreforma? Puede llamarse de cualquier manera, pero si en algo podremos ponernos todos de acuerdo es en que dejar las cosas como están solo puede ayudar al crecimiento del monstruo que se roba los recursos públicos, devora las instituciones y cuando le resulta necesario, como en este caso, asesina.

@herejesyluis

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