Por: Jorge Iván Cuervo R.

La destitución de Petro

Se habla con insistencia sobre la segura destitución del alcalde Gustavo Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación.

La necesaria coherencia entre el pliego de cargos en el cual se definieron faltas gravísimas relacionadas con el cambio de operador en la prestación del servicio de aseo y el fallo, así lo indicaría.

En los planes de Petro no estaba el de ser alcalde de Bogotá. Luego de un buen desempeño como candidato presidencial y de un impecable rol como congresista haciendo debates de control político que contribuyeron a develar ese contubernio entre políticos y crimen organizado, un día, así como así, decidió que podía ser alcalde de Bogotá, y en una coyuntura en la que el establecimiento político se dividió, fue elegido contra la evidencia del deterioro de imagen de los gobiernos de izquierda en la capital, especialmente el de Samuel Moreno por razones de corrupción extrema.

Que no estuviera en las cuentas de Petro ser alcalde se nota en la improvisación con la que asume su gestión de gobierno, confundiendo tener buenas ideas –como el mínimo vital de agua, dignificación a población vulnerable, buen trato a los animales- con tener políticas públicas. Además, el alcalde cometió un error estratégico que es el de, a pesar de saberse minoría, preferir el camino de la confrontación. 

Petro no es un personaje simpático, su tono moralizante de predicador setentero no le ayuda ante la opinión pública; su estilo autoritario y su forma de trabajo han sacado corriendo a más de uno de su equipo de gobierno, como al propio Navarro. Cada idea o cada obra, no es presentada como un logro de ciudad sino como una forma de revancha y de enrostrarle el tema a sus contradictores. Ha puesto temas importantes en la agenda pero su estilo le impide crear los escenarios políticos e institucionales para materializarlos en proyectos concretos. Petro sigue viendo la política como un tema entre amigos y enemigos. Todos quienes de alguna forma hemos criticado su gestión somos sus enemigos, como se encargan de recordárnoslo cada tanto sus twiteros contratados con recursos públicos.

Claro que se debe discutir si el Procurador General puede destituir servidores públicos que hayan sido elegidos por voto popular. El mecanismo debe ser ajustado en el sentido de que el Procurador debe también ser elegido popularmente y su pliego de cargos debe ser una especie de imputación disciplinaria ante la justicia, que es donde debe proceder la sanción. Pero lo cierto es que el alcalde sabía de esta competencia cuando votó por él en el Senado y no dijo nada cuando sancionaron a Moreno. Son las reglas de la democracia que él aceptó acatar, y el gesto melodramático de asociar su caso con el surgimiento del M-19 y como un obstáculo al proceso de paz es innecesario e improcedente.

Ahora bien, el Procurador tendrá que desarrollar una carga de argumentación muy fuerte para convencernos de que una eventual destitución es lo que corresponde en derecho, especialmente en lo que tiene que ver con su competencia frente a un mandatario electo,  y que su decisión no haría parte de la cruzada ideológica en la que ha transformado su función al frente del ministerio público.

@cuervoji

 

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