Por: Yesid Reyes Alvarado

La detención domiciliaria

LA DETENCIÓN PROVISIONAL EN UN centro de reclusión o en el domicilio del investigado no es una sanción.

Idealmente, una persona sólo debería estar en prisión después de ser declarado responsable de un delito a través de una sentencia definitiva; esa es una de las más claras consecuencias de la presunción de inocencia.

Sin embargo, existen casos en los que dejar en libertad a alguien mientras se lo juzga abre la posibilidad de que continúe delinquiendo, manipule las pruebas o se fugue; para impedir que eso ocurra, la ley autoriza que excepcionalmente se pueda encarcelar a una persona mientras se decide sobre su responsabilidad. Pero como esas son conductas que generalmente no son desplegadas por quienes están acusados por delitos leves, esta medida se suele reservar para los de especial gravedad.

En nuestro país existen algunos crímenes en relación con los cuales está prohibida la detención preventiva y otros en los que la adopción de esa medida excepcional es posible. A su vez, dentro de esta última categoría se prevé que la privación de la libertad pueda darse en el domicilio del investigado, siempre que un funcionario judicial considere que el beneficiado no se fugará, no intentará alterar las pruebas, ni continuará delinquiendo.

Cuando se alega la existencia de una enfermedad grave como razón para no ser recluido provisionalmente en una cárcel, el funcionario judicial debe solicitar la práctica de exámenes médicos que permitan establecer el real estado de salud del investigado; en esos dictámenes no se recomienda de manera específica el traslado del solicitante a su residencia, sino que se señalan las condiciones para que pueda recibir la atención sanitaria que requiere. Con base en ese informe, el fiscal o el juez deben establecer si existe una cárcel que cuente con los requerimientos para la atención del preso y, en caso negativo, si es factible que el Inpec pueda disponer lo necesario para que esas condiciones se den en el interior de una prisión. De lo contrario, el funcionario judicial debe explorar la posibilidad de que la detención se cumpla en una clínica u hospital, en cuyo caso debe exigir al Inpec que adopte las medidas necesarias para garantizar que la persona no se fugará ni entorpecerá el trámite de su proceso.

En el hipotético evento de que el fiscal o el juez llegaran a la conclusión de que el estado de salud del investigado no es tan grave como para ameritar su hospitalización y que en su propio domicilio recibirá la atención médica que no se le brindaría en una cárcel, podrá disponer su reclusión domiciliaria. Pero como esa decisión no estaría fundamentada en la poca gravedad del delito ni en la falta de peligrosidad del individuo, el fiscal o el juez deben exigir a las autoridades carcelarias que adopten medidas de vigilancia equivalentes a las que esa persona debería tener en una cárcel, que es el sitio en donde debería estar si su estado de salud lo permitiera; a su vez, el Inpec debe disponer de las seguridades necesarias para garantizar la reclusión de esa persona en el sitio ordenado por el funcionario judicial, pues en caso de no hacerlo deberá responder por una eventual fuga.

 

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