Por: Salomón Kalmanovitz

La deuda pública y el centralismo

UNA CONSECUENCIA DE MANTENER déficit fiscales crónicos en un país es el aumento sistemático de la deuda requerida para financiarlos.

Esto es lo que ha sucedido en Colombia tanto con su deuda externa pero, en especial, con su deuda interna. Lo que resulta más preocupante aún es que muchos ministerios, departamentos e institutos son obligados a hacer enormes ahorros, impidiéndoles llevar a cabo sus funciones misionales. Esto es lo que han revelado Antonio Hernández y Luis Barreto en el último número de razonpublica.com.

La deuda pública alcanzó a ser casi la mitad del producto interno bruto en 2003, cuando estábamos saliendo de una profunda recesión, pero se redujo al 38% para mediados de 2010, debido a un alto crecimiento económico, a muy bajas tasas de interés y a una pronunciada revaluación del peso. En términos de dólares y pesos, sin embargo, el monto de la deuda continuó incrementándose: US$11.000 millones en los últimos 7 años, que contribuyeron a la revaluación del peso, y en $52 billones que han acumulado bancos, inversionistas y el sector público.

Aunque es muy temprano para estar gritando: ¡lobo a la vista!, Colombia se ha tornado muy vulnerable a nuevas crisis económicas globales que generen una huida de capitales de los llamados mercados emergentes. Si esto se produjera, le seguiría una devaluación del peso que aumentaría la presión del servicio de la deuda y que dejaría al Gobierno exangüe, recortando su gasto y buscando afanosamente la refinanciación externa.

Igualmente vulnerable terminaría el sistema financiero colombiano que mantiene el 30% de sus activos invertidos en TES: un aumento de la tasa de interés que genere la misma situación externa adversa, le generaría pérdidas que comprometerían su viabilidad y su solvencia. La creciente demanda por recursos de la Tesorería Nacional también incide en que las tasas de interés de corto y de largo plazo sean más altas que en una situación en la que el Gobierno no tuviera tantos faltantes de liquidez. Así también se frena el crecimiento económico del país.

La situación de estrés financiero ha tenido más consecuencias negativas con el desorden en el manejo de las cajas de los ministerios y otras entidades del sector público que son obligadas a adquirir TES de manera permanente, lo cual se extendió a las entidades territoriales en 2008. Todas estas instituciones deben recortar drásticamente sus gastos y servicios para contribuir a financiar el enorme hueco del Gobierno central. La suma alcanzaba $30 billones en 2010, que equivale a 6 puntos del PIB, impidiendo el logro de las metas sociales, sectoriales y territoriales de 129 entidades nacionales y 64 territoriales.

El crédito del Banco Agrario (tiene $5,5 billones en TES que no le presta al sector), el Fosyga ($5,3 billones) que está supuestamente en crisis y no les paga a los hospitales, el Sena, el Icetex, Colciencias, 5 universidades, el dinero de las regiones, etc., todos deben recortar sus gastos y financiar el déficit del gobierno central. Es otra muestra más del abuso de poder y de la centralización a ultranza que ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe.

La pregunta que queda en el aire es si la administración Santos profundizará la misma tendencia de deuda pública creciente y de ultracentralismo. Hay indicios que sugieren que la respuesta es positiva.

 

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