Por: Elisabeth Ungar Bleier

La difícil relación entre dinero y política

LA RELACIÓN ENTRE DINERO Y POlítica siempre ha sido compleja y controversial. Durante mucho tiempo, en casi todos los países la financiación era exclusivamente privada.

No obstante,  innumerables casos de corrupción, de captura de los candidatos y de los elegidos, y por ende del Estado,  por parte de poderosos intereses privados, legales y muchas veces ilegales, evidenciaron los riesgos que esto implicaba para la estabilidad y la calidad de la democracia. Esto condujo en la mayoría de países latinoamericanos a la adopción de sistemas de financiamiento mixtos, bajo el entendido de que los aportes públicos contribuyen a la equidad en la competencia electoral al permitir la participación de sectores que de otra manera no pueden hacerlo, a que los funcionarios electos actúen con independencia frente a la influencia de los financiadores privados y a eliminar prácticas corruptas y clientelistas.

Sin embargo, a raíz de constantes escándalos relacionados con la financiación electoral privada, la posibilidad de que ésta sea totalmente pública periódicamente vuelve a ser objeto de debate.  Colombia no es la excepción. Hace apenas unos días, en medio de la polémica suscitada por supuestas irregularidades en la financiación del referendo de la reelección del Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia manifestó el interés del Gobierno de incluir en el proyecto de reforma política la financiación totalmente estatal de las campañas. 

Esta medida, teóricamente sana, en la práctica se tropieza con muchos obstáculos y el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Es bastante utópico pensar que prohibir el financiamiento privado va a impedir que en países como el nuestro, donde dineros provenientes del narcotráfico y de toda suerte de actividades ilegales han estado presentes en la actividad política, va a acabar con estas prácticas.  Los dineros ilícitos siempre han encontrado los resquicios para apoyar las campañas y a los políticos que les pueden ser útiles y nada permite prever que esto no va a continuar siendo así. Además, en las democracias liberales es un derecho legítimo que los particulares financien elecciones, siempre y cuando lo hagan públicamente y de acuerdo con la ley.

Por último, al restringir la financiación política al Estado, se corre el riego de que los partidos políticos se vuelvan simples apéndices de éste, lo cual atenta contra su autonomía y claramente debilita la democracia. Mientras no existan garantías reales y efectivas para impedir el ingreso de dineros ilícitos a la política, como de hecho no existen; mientras no haya la certeza de que el Gobierno actuará con criterios de equidad frente a los partidos políticos, incluyendo a los de la oposición, y que no buscará el apoyo de quienes han sido elegidos con la ayuda de actores ilegales, lo que tampoco parece factible, la financiación exclusivamente pública de la política no parece ser nada distinto a un intento por tratar de minimizar la evidente injerencia de dineros provenientes del narcotráfico, de la parapolítica y de otras actividades ilegales en todas las campañas electorales de los últimos años.

*Directora del Programa Congreso Visible, Universidad de los Andes

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