Por: Alberto Donadio

La doctora U y el doctor U

Ordena el Congreso que habrá reserva absoluta sobre los documentos de la defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales.

La doctora U y el doctor U, madrina y padrino de un proyecto de ley de acceso y transparencia, aclaran que no fue idea suya, que fue incluido “en tercer debate por el Ministerio de Defensa”, que es “inconstitucional” y que pedirán a la Corte Constitucional la “inexequibilidad o modulación de este parágrafo”. ¿Y si es demasiado tarde, doctora Ungar, directora de Transparencia por Colombia? Si la Corte no modula, ni silba, ni ruge, nos quedamos con este gorila. También se facultó al Gobierno para ocultar la existencia misma de un documento secreto si el “daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”. Que también lo demandarán, anuncia el doctor Uprimny, director de DeJuSticia, pero si la Corte no se da cuenta del daño, este despropósito será ley.

Un combate a la “cultura del secreto” habían anunciado U y U. Hasta ahora, lo que ya se votó es más censura, concreta y tangible. Por ejemplo, sobre los borradores, estudios y debates previos de la administración pública. ¿Y qué les parece está enormidad a la doctora Elisabeth Ungar y al doctor Rodrigo Uprimny? Que fue “una inquietud planteada por el Gobierno” y que es un “contenido incluido en la Ley Modelo de la OEA y novedoso para el derecho colombiano”. Y no lo demandarán. Cuando un disparate se vuelve “una inquietud” es obvio que no hablamos el mismo lenguaje ni tenemos la misma concepción del acceso como herramienta esencial de fiscalización. Si la censura se despacha como novedad jurídica, ¿entonces la dictadura militar sería solamente un “contenido novedoso” dentro de la democracia? Este proyecto es como los jugos de fruta de cajita. En la letra menuda se conoce la verdad: jugo de naranja 10%.

Según la alianza U-U me equivoqué al afirmar que se les dio a los funcionarios “la opción de crear la reserva, caso por caso”. Agrega U2 que: “La preocupación que usted señala tampoco quedó en el proyecto aprobado por las cámaras, contrariamente a lo que usted afirma”. Me remito a la versión final que salió del Congreso y subrayo: “Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”. Está en la Gaceta del Congreso, número 382/12. Es decir: toda autoridad puede negar la divulgación si considera que otros derechos pesan más que el interés público.

U y U son reconocidos académicos de larga trayectoria que creen en pajaritos de oro. Destacan “los avances de esta iniciativa parlamentaria” como la obligación “de entregar información sin necesidad de ser solicitada por el ciudadano”. Desde cuando lanzaron la reforma la realidad muestra por el contrario varias dentelladas contra la transparencia. Los parlamentarios y los burócratas se dieron traza para crear más y más zonas ocultas dentro del poder público. Pensar que mañana el Gobierno y la burocracia van a salir a buscar a los ciudadanos para asediarlos con información que no han pedido, es volar sobre las alas del viento.

 

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