Por: Ramiro Bejarano Guzmán

La dueña

Qué curioso que apenas ahora la presidenta de la Corte Suprema, doctora Ruth Marina Díaz, haya roto el silencio que se autoimpuso después del escándalo de su malhadado crucero caribeño.

 Concedió unas entrevistas benévolas, que le han permitido ocultar más cosas de las que declaró y encaramarse en el tren de la paz anunciando que los jueces no serán un obstáculo para La Habana.

Sorprende que la tardía explicación que la doctora Díaz ofrece de su crucero se reduzca a sostener que está al día y que esos permisos remunerados datan de hace 40 años. Esa defensa la retrata de cuerpo entero: no importa que los permisos sean mal vistos, lo que cuenta es que todos los magistrados los utilizan desde hace tiempo. Mal de muchos, consuelo de tontos.

El argumento de que como la doctora Díaz está al día todo le es permitido, es inaceptable y falso. Basta que haya uno solo de sus colegas que no esté al día para que la sala tampoco lo esté. El trabajo en esas corporaciones no es individual sino colegiado, y la astuta magistrada sabe que la situación de los demás despachos no es igual. Y, en todo caso, aun suponiendo que estuviese al día, eso no le concede licencia para hacer mal uso de permisos.

Lo que sí mereció atención de la mandamás de la justicia fue su petición de que se modifique el reglamento de la Corte para que sus decisiones no se adopten por las dos terceras partes de sus miembros, sino por la mitad más uno. De acogerse esta propuesta muchas veces derrotada, ella con su equipo de aliados podrían nombrar a su antojo al gigantesco batallón de amigos que le rinden pleitesía a la espera de ser ascendidos en la Rama Judicial, y, además, decidir muchos otros temas sensibles como nombrar fiscal. En otras palabras, la doctora Díaz y su séquito ya no tendrían la incomodidad de convencer a algunos de sus colegas que se resisten a participar del desastre clientelista.

Por supuesto, tampoco desperdició la oportunidad la doctora Díaz en su entrevista para pedirle al Gobierno más recursos, de manera que puedan nombrarse más funcionarios, obviamente con su influencia. Pero nada recordó de que ella, a semejanza de las prácticas censurables del Consejo de la Judicatura, ha intentando nombrar a personas ad portas de jubilarse para mejorarles sus pensiones, propósito en el que fracasó porque por fortuna se lo impidieron varios de sus compañeros.

También desconsuela que la cabeza de la justicia ordinaria no se haya referido en sus recientes reportajes a la inmensa clientela que ella alimenta y controla, ni a los usufructuarios que deambulan de una corte a otra o que son nombrados en la Procuraduría y en la Contraloría, con los cuales aseguran la impunidad al tenebroso procurador Ordóñez y un poder desmesurado a la mentirosa contratadora Morelli. La doctora Díaz es incapaz de censurar otros fastidiosos privilegios, como el de los expresidentes de altas cortes de gozar de pasaporte diplomático, por el que algunos se hacen matar. Por eso, con su concurso, se dividió el período de la presidencia de la Corte Suprema, para permitirle a su camarada, Pedro Munar, el honor de ser su expresidente y portar pasaporte como diplomático.

Pero la camarilla es de doble vía. No es gratuito que ya se comente que la doctora Díaz a su retiro de la Corte Suprema será nombrada por sus socios como magistrada de la Corte Constitucional, lo mismo que otro exmagistrado, Camilo Tarquino. Entonces todo será mejor, porque Ordóñez habrá terminado su tarea siniestra de manipular también el tribunal constitucional e influir en decisiones sobre el aborto, el fuero militar, etc.

Si la reforma a la justicia va a consistir en que a última hora el conciliábulo judicial se monte al bus de la paz y oculte todas sus faltas, estaremos lejos, pero muy lejos, de la reconciliación y de la paz.

Adenda Nº 1. Yo también estaré hoy presente en el plantón contra Andrés Carne de Res.

Adenda Nº 2. Le salió mal al ministro Rubén Darío Lizarralde su aleve y antidemocrático ataque a Jorge Enrique Robledo, divulgando una grabación espuria que para nada compromete la rectitud del senador.

 

 

Ramiro Bejarano Guzmán*

 

 

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