Por: Cecilia Orozco Tascón

La edificante charla de los magistrados

Durante la sesión de la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura celebrada el 17 de septiembre pasado, el honorabilísimo magistrado Angelino Lizcano —secretario general de la Cámara de Representantes durante 16 años, en donde obtuvo la experiencia que acredita quién es— interrumpió el orden del día.

Dijo: “Me reuní con algunos senadores y representantes, no oficialmente... Me llamaron a hacerme preguntas: que si ya había consensos para que esto se eliminara porque no había propuesta (en contra del proyecto que tramita el Capitolio para suprimir nuestros cargos), y que allá no iba ninguno; que nadie iba del Consejo, ni menos de la Sala Disciplinaria”. A continuación añadió, con desdén: “Dejo constancia de que les transmití esa inquietud de algunos senadores”. Su reconvención espantó la modorra de los asistentes, algunos de ellos conocidos en la opinión más por el escándalo del carrusel de pensiones que por la sabiduría de sus fallos: Julia Emma Garzón, Ovidio Claros, Wilson Ruiz, Néstor Osuna, el propio Lizcano y María Mercedes López, quien, pese a que presidía la sesión, se retiró antes de que concluyera la discusión. Sin embargo, López alcanzó a responder la crítica de Lizcano contra ella por incumplir su supuesto deber de defender de la extinción a ese organismo. Aseguró que iba a los foros que la invitaban a hablar de las bondades de la Judicatura.

Lizcano le contestó con desprecio: “Respeto la academia, pero los que deciden son los que están en el Congreso... no podemos ser ingenuos. Le toca a uno abrir camino”. Una alebrestada Julia Emma Garzón intervino: “Así como en el pasado hicimos la defensa sin esperar invitaciones, ahora que hay consenso para eliminar la corporación, todos debemos estar allá”. Y propuso a dos voceros, “porque tienen el período de (ocho años) intacto: Wilson Ruiz y Néstor Osuna”. El sofisticado Ruiz, hasta ese instante silencioso, aceptó de inmediato, con una tesis sesuda: “Hay que hacer el debate ya, maestro. Un parágrafo y nos eliminan; nos vuelven mierda...” Osuna, cuya elección despertó tanta esperanza entre quienes luchan por descontaminar la Rama Judicial, asintió: “Estoy muy feliz en este trabajo y quisiera que esta sala perdurara. Puedo ir a hablar con los congresistas, pero no los conozco como ustedes”. La señora Garzón remató: “Si no nos defendemos, corremos el riesgo del año pasado: nos acabaron en el último debate (en primera vuelta de la reforma)”. Y se destapó: “A mi esposo lo abordaron varios senadores diciéndole: ‘Ole, y los compañeros de tu esposa, ¿será que no van a defenderse?’”. El esposo de la “magistrada” Garzón es un abogado litigante. Se llama Jesús Orlando Gómez y es el apoderado de Iván Moreno, el del otro carrusel: la contratación de Bogotá. Fue representante a la Cámara, y su pensión, después de sólo un año de ir al Congreso, pasó de $2’150.000 pesos, a $20’387.000 pesos por medio de una tutela que falló... el Consejo de la Judicatura, siendo ya su esposa funcionaria de ese organismo. Para terminar, Lizcano recordó sus andanzas cuando presidió el Consejo: “Me la pasaba allá...”. Se refería al año 2011, cuando se tramitaba la anterior reforma a la justicia que tuvo que abortar el Gobierno cuando se descubrió la maniobra de congresistas y magistrados para autobeneficiarse. El “cortejo” que denunció el presidente Santos vive y colea por el lado de los magistrados, y también por el de los congresistas. A los dos grupos les interesa que la Judicatura corrupta subsista. A los primeros, para mantener sus privilegios y su poder de asignar miles de puestos que tiene la rama. A los políticos, para conseguir los cargos bien remunerados a sus recomendados. Por falta de espacio no revelo aquí los nombres de los beneficiarios de ese tenebroso juego del toma y daca, pero lo haré en Noticias Uno.

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