Por: Iván Cepeda Castro

La extradición de alias ‘Macaco’

CARLOS MARIO JIMÉNEZ, ALIAS Macaco, es uno de los más poderosos jefes paramilitares. Bajo su mando actuaron cerca de 7.000 hombres en diez departamentos del país, integrantes del llamado Bloque Central Bolívar, la estructura más importante de las Auc.

En regiones como el sur de Bolívar, el bajo Cauca antioqueño, la costa de Nariño, el Eje Cafetero, Caquetá, parte de Guaviare, Catatumbo, y Putumayo, los grupos de Macaco sembraron muerte y destrucción. Tan solo en Putumayo, la Fiscalía considera en forma preliminar que existen más de 3.000 fosas comunes en las que se hallan enterrados los cuerpos de una parte de las miles de víctimas de violentas incursiones. Además de un vasto control territorial, el poder de este jefe paramilitar abarca una inmensa riqueza erigida sobre la administración del narcotráfico, la propiedad de minas de oro, cultivos de palma de aceite, madera, enormes extensiones de tierra, y el lavado de activos en empresas de transporte, finca raíz y equipos de fútbol.

Esta semana, al autorizar la extradición de Carlos Mario Jiménez a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, la Corte Suprema de Justicia recordó al Presidente de la República los compromisos en materia de verdad, justicia y reparación establecidos en la Ley de Justicia y Paz. No obstante, ese llamado no impedirá que se cumpla la orden de extradición que lesionará gravemente los derechos de las víctimas y de la sociedad.

 Sin duda, al detentar un gran poderío económico y territorial, Macaco guarda algunos de los secretos más comprometedores para políticos, militares, empresarios y terratenientes, sobre los vínculos que los unieron al paramilitarismo en muchas zonas del país. Su extradición podría significar que esas responsabilidades nunca se esclarezcan plenamente. De ahí que para muchos de los principales beneficiarios de la violencia paramilitar, esta extradición signifique librarse de cualquier persecución e investigación judicial. Para miles de víctimas significa que ni siquiera existirá una sentencia judicial que sancione las masacres, desapariciones y torturas ejecutadas. Para el país implica aceptar la noción de que un juicio en el exterior por narcotráfico —que terminará seguramente en un trato a cambio de bienes e información— prima sobre la sanción judicial de crímenes que han costado miles de vidas humanas.

Al examinar la jerarquía de los derechos de las víctimas de esta clase de crímenes, la Corte Constitucional afirmó que su protección es un imperativo internacional y que por eso mismo no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas de ninguna índole. Algunas de las asociaciones de víctimas de los paramilitares estudian procedimientos judiciales para suspender la extradición, al menos hasta que se produzca una sentencia judicial que esclarezca al máximo los miles de crímenes ordenados por este cabecilla de las Auc y revele la identidad de sus aliados económicos y políticos. Estas asociaciones también anunciaron que examinan la posibilidad de que en caso de que se haga efectiva la extradición, se inicien juicios en Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad contra Macaco.

Como se sabe, los abogados del señor Jiménez han estado negociando condiciones favorables para su extradición con autoridades de Estados Unidos. Sería un triste final de esta historia que, a la vuelta de pocos años, este jefe paramilitar y capo del narcotráfico termine disfrutando en el exterior los restos de su inmensa fortuna, mientras sus crímenes continúan sin castigo en Colombia, sus cómplices gozan de impunidad y sus víctimas viven en la miseria del destierro.

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