Por: Yesid Reyes Alvarado

La extradición de Walid Makled

EN MATERIA DE EXTRADICIÓN COlombia adoptó un sistema mixto que, en términos generales, asigna a la Corte Suprema el deber de revisar que las solicitudes cumplan con la totalidad de los requisitos consagrados en las leyes o tratados internacionales y, cuando ese concepto es favorable, confiere al Ejecutivo la facultad de decidir, por razones de conveniencia, si accede o no a ella.

Si se presentan varios requerimientos respecto de una persona, el Código de Procedimiento Penal establece pautas que deben ser acatadas, de tal forma que la decisión sobre el país al que debe ser remitido el extraditable no es discrecional. Cuando la persona es perseguida en varios países por la comisión de un mismo delito, la ley indica que se debe acceder a la petición de aquel en el que el crimen haya ocurrido. Como el hecho común atribuido a Maklid es el tráfico de estupefacientes, este criterio no resulta aplicable porque se entiende cometido tanto en el país de donde sale la droga como en el lugar a donde llega.

Si la persona es requerida por la comisión de diversos crímenes, la norma obliga a priorizar la petición que se refiera al de mayor gravedad. Dado que Makled es acusado en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, mientras Venezuela lo busca por eso mismo más lavado de activos y homicidio agravado, es evidente que las solicitudes versan sobre infracciones distintas; pero también lo es que el asesinato es más grave que todo lo que le imputan en Estados Unidos, razón por la cual no cabe duda de que la norma impone su remisión a Venezuela.

Cuando los delitos que se atribuyen al extraditable son de la misma gravedad, la ley dispone que se dé prelación al Estado que primero inició el trámite, alternativa que no es aplicable en este caso, porque hay una acusación por homicidio.

Es importante advertir que estas reglas son de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo, lo que significa que no pueden alegarse razones de conveniencia política para tomar la decisión. La discrecionalidad del Ejecutivo puede ser utilizada para no conceder ninguna de las extradiciones, pero en el evento de que quiera acceder a alguna de ellas, tiene la obligación de sujetarse a los criterios que la ley le impone.

Curiosamente, y aun cuando por norma es al Ejecutivo al que le corresponde decidir, cuando la Corte rindió concepto favorable a la extradición solicitada por Venezuela (también lo dio respecto de Estados Unidos) no se limitó a dejar constancia de que no era competente para seleccionar el país de remisión, sino que fue más allá: advirtió que no estaba probado que Makled fuera requerido por los mismos crímenes, con lo cual insinuó que no era aplicable la primera alternativa (lugar de comisión del hecho), y precisó que Venezuela lo buscaba por conductas más graves, dejando entrever que la opción correcta tampoco es la tercera (fecha de la solicitud), sino la segunda de las mencionadas (mayor gravedad del delito). Con ayuda de tan claras insinuaciones y ciñéndose al texto de la ley, el Gobierno tenía la obligación de conceder la extradición de Makled a Venezuela, so pena de incurrir en el delito de prevaricato.

 

 

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